Por Adela Navarro Bello
Por estos días de tanta violencia e inseguridad, de ataques a policías, narcomantas y en el preámbulo de las elecciones de 2027 en las que en Baja California se renovarán las alcaldías, el gobierno estatal y los 25 escaños en el Congreso del estado, aparecen cada vez más actos de corrupción atribuibles a quienes ostentan el poder, en cualquiera de sus tres órdenes autónomos.
Esta semana, apenas estaba Baja California siendo testigo de la cruel violencia de los cárteles de la droga que, en Tecate y con suma impunidad, un convoy criminal con más de una docena de hombres armados tomó por la fuerza a cinco hombres, maniató a tres y los dejó abandonados a la vista de todos, mató a dos (un agente de la FGE y un capitán del Ejército Mexicano), para enterrar sus cuerpos, desenterrarlos, envolverlos en plástico, pasearlos unos 60 kilómetros y tirarlos sobre un paraje, cuando otro miembro del Poder Judicial se convirtió en noticia, y no por sus buenas y legales formas.
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