Por Alejandra Cuevas Morán
La política exterior de un país dice tanto de su ambición como de su conciencia. Cuando una nación decide a quién envía a representarla, está eligiendo qué historia quiere contar sobre sí misma: qué valores presume, qué heridas oculta, qué costos normaliza. Por eso la designación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido no es un simple "movimiento administrativo". Es una declaración de época: la confirmación de que el poder en México ya no se incomoda ante la crítica, ni teme la evidencia, ni se sonroja frente al mundo.
Gertz Manero renunció a la Fiscalía General de la República en noviembre de 2025, pese a que su encargo estaba previsto hasta 2028. El Ejecutivo ofreció como salida una embajada. Esa ruta, que en otros países se llamaría "puerta giratoria", aquí se nos vende como continuidad institucional. La pregunta no es si puede hacerlo. La pregunta es qué significa que el Estado quiera hacerlo.
Lo digo desde la experiencia: pasé 528 días encarcelada por órdenes de Alejandro Gertz Manero que la Suprema Corte posteriormente declaró inconstitucionales. Conozco el costo humano de una justicia instrumentalizada. Y por eso sé que este nombramiento no es un asunto de currículum: es un mensaje.
En su comparecencia ante la Comisión Permanente, el trámite avanzó con velocidad inusual: diez votos a favor y una abstención en comisión, votación final programada para el 26 de enero. Cuando un nombramiento político se aprueba así, no suele ser por la urgencia del interés nacional, sino por la urgencia de cerrar el expediente. Y México hoy parece obsesionado con una sola cosa: cerrar expedientes sin resolverlos.
Se dirá que Gertz Manero es "experto", que tiene "trayectoria", que conoce "seguridad". Se repetirá la palabra "Estado" como si bastara pronunciarla para que exista. Pero el Reino Unido no es un escenario decorativo. Es un país con prensa implacable, con universidades que investigan, con una tradición jurídica que entiende la reputación institucional como un activo estratégico. Es también un socio comercial post-Brexit que negocia tratados, que examina flujos financieros y cooperación bancaria contra lavado de dinero, que gestiona extradiciones. En Londres no se representa solo al gobierno; se representa la credibilidad del país ante inversionistas, legisladores, tribunales y opinión pública internacional.
Y si algo ha caracterizado la gestión de Gertz Manero es la controversia permanente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a víctimas de su Fiscalía por riesgo de persecución política. Relatores de Naciones Unidas expresaron preocupación por el uso de prisión preventiva como castigo anticipado. Organizaciones internacionales documentaron casos de criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas y familiares de víctimas que se atrevieron a exigir justicia. Eso no es retórica: es un expediente. Y ese expediente viaja con él a Londres.
El patrón, además, se repite con brutal claridad. La embajadora saliente, Josefa González-Blanco, acumula 16 denuncias formales por acoso laboral presentadas ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética. Bajo su mando, más de 40 funcionarios renunciaron, dejando a la representación mexicana con menos de la mitad de su plantilla. Los testimonios hablan de hostigamiento sistemático, de empleados "congelados" y marginados, de gritos como "si yo digo que te hinques, te hincas". Las denuncias ganaron en instancias internas. No hubo consecuencias. La Cancillería nunca intervino. Y cuando la presidenta Sheinbaum fue cuestionada públicamente, su respuesta fue contundente: González-Blanco "hizo un buen papel".
Gertz Manero llega, entonces, a reemplazar a una embajadora cuestionada por acoso laboral sistemático. De un nombramiento político polémico a otro. Esto no es fortalecer la representación diplomática: la normaliza como territorio de impunidad. Y el mensaje es devastador: las embajadas no son para quienes se forman, estudian y construyen carrera; son para quienes necesitan salida, premio o blindaje.
También se dirá que no hay que "mezclar política interna con política exterior". Eso es una ingenuidad cómoda o una mentira conveniente. La política exterior es, precisamente, la proyección de la política interna. ¿Qué proyecta México al enviar a un exfiscal polémico al Reino Unido? Proyecta que la justicia es intercambiable, que la rendición de cuentas es negociable, que la crítica se administra con cargos y aplausos. Proyecta que la institucionalidad puede ser sustituida por lealtad personal. Proyecta, en suma, que la impunidad es un estilo de gobierno que viaja con pasaporte diplomático.
Esto importa por una razón adicional: en tiempos de autoritarismos renovados, la credibilidad democrática se mide por cómo tratas a tus críticos, a tus jueces, a tus víctimas, a tus ciudadanos sin poder. México atraviesa una crisis profunda de violencia, desapariciones, corrupción y desconfianza institucional. Y frente a esa crisis, el mensaje de este nombramiento es devastador: el poder no se corrige, se recicla.
Que nadie se engañe: no se trata de una persona "que busca un cambio en su vida pública", como él mismo declaró. Se trata de un Estado que decide cambiar el tema. Cambiar la conversación. Cambiar la escena. Mover al personaje a otro escenario para que el juicio público se diluya, para que el costo político se enfríe, para que el tiempo haga su trabajo de olvido. Es una vieja técnica: cuando el espejo incomoda, se cambia de habitación.
El Reino Unido verá esto con los ojos que corresponden: como un indicador. Un indicador de cómo México entiende el poder, cómo premia, cómo protege, cómo se explica a sí mismo. Y las consecuencias serán concretas: escrutinio intensificado en negociaciones comerciales, dudas sobre la confiabilidad de información de inteligencia compartida, cuestionamientos en foros sobre cooperación judicial. Cada vez que un cargo diplomático se usa como salida elegante, se manda el mensaje de que no hay consecuencias reales. Cada vez que se normaliza el cinismo, se empuja a la ciudadanía a la desesperanza y se erosiona la confianza internacional que México necesita para comerciar, negociar y cooperar.
México no necesita embajadores que "aguanten la presión". Necesita instituciones que la resistan. Necesita un Estado que entienda que el prestigio internacional no se compra con nombramientos de ocasión, se construye con justicia cotidiana. Y si hoy el gobierno decide que su carta de presentación ante Londres sea este nombramiento, entonces lo que está enviando no es un representante: está enviando una señal.
Y esa señal dice, con claridad brutal, que el poder en México no se retira: se reubica.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.

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