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Por Ana Cecilia Pérez

La reciente propuesta del gobierno mexicano de recopilar datos biométricos de todos los ciudadanos ha encendido un debate crítico sobre la privacidad y la seguridad de la información personal. Esta iniciativa surge en un contexto donde la protección de datos personales y la ciberseguridad no han sido prioritarios, evidenciado por la falta de inversión en infraestructuras de seguridad digital durante el último sexenio.

En los últimos años, México ha visto cómo su infraestructura crítica ha sido comprometida repetidamente debido a una política de austeridad que ha limitado severamente la inversión en ciberseguridad. Ejemplos notorios incluyen el ataque a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), donde se filtraron documentos confidenciales, el incidente en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que sufrió graves violaciones de seguridad, la infiltración en la Secretaría de Economía por un ransomware que paralizó sus operaciones, y el ataque a PEMEX, que resultó en una extensa paralización de sus sistemas administrativos y de facturación. Estos casos subrayan una tendencia alarmante: la falta de recursos y estrategias robustas para proteger las instituciones del Estado y, por ende, los datos que éstas gestionan.

Para garantizar la protección de los datos biométricos, el gobierno debe implementar una estrategia integral que incluya, entre otros:

Mujeres al frente del debate, abriendo caminos hacia un diálogo más inclusivo y equitativo. Aquí, la diversidad de pensamiento y la representación equitativa en los distintos sectores, no son meros ideales; son el corazón de nuestra comunidad.