Protección o invasión: La ley de ciberseguridad y su impacto en los derechos humanos en México
La ciberseguridad no debe ser un pretexto para la vigilancia masiva ni para la erosión de los derechos fundamentales.
Por Ana Cecilia Pérez
En un mundo cada vez más interconectado, la ciberseguridad se ha convertido en un tema de crucial importancia para todos. En México, la propuesta de una nueva Ley General de Ciberseguridad, impulsada por figuras como la diputada Juanita Guerra Mena, el diputado Javier López Casarín y otros legisladores, ha generado un debate significativo sobre cómo equilibrar la seguridad nacional con los derechos y libertades individuales.
Pero antes de abordar los detalles de esta legislación es importante identificar la magnitud y el impacto de los incidentes de seguridad cibernética que resaltan la urgencia y la importancia de una legislación robusta en materia de ciberseguridad.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), México pierde alrededor de 9 mil millones de dólares anuales debido a delitos cibernéticos. Además, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó que, en 2017, se cometieron 463 fraudes cibernéticos cada hora en operaciones por comercio electrónico y banca móvil, sumando pérdidas de cuatro mil 412 millones de pesos en 2018. Estas estadísticas no sólo subrayan la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y los sistemas financieros a nivel federal, sino también los riesgos que enfrentan los ciudadanos y las empresas en el ámbito privado. La proliferación de estos incidentes demuestra la necesidad urgente de una legislación integral que no sólo proteja los intereses nacionales sino que también salvaguarde la integridad y los datos de los individuos y las corporaciones, promoviendo un entorno digital seguro y confiable para todos.
