Respira
Por Ana Lía de Fátima García García*
Cada día, la salud mental suele ser nombrada indiscriminadamente para referirse a la plenitud que las poblaciones deben experimentar, evitando, utópicamente, el sufrimiento y el malestar psíquico desprendidos de experiencias personales traumáticas, sentimientos de tristeza, depresión, ansiedad o estrés.
Resulta desafiante, en una realidad cada vez más compleja por la diversidad presente. La historia que cada persona experimenta es incluso determinante para su futuro y desarrollo, que se construye desde su nacimiento. Coincidimos en que las responsabilidades de quienes asumen trabajos a favor de la salud mental deben basarse en un trato amable, justo e integrador, que tome en cuenta los contextos y las realidades diferenciadas de cada persona.
La posibilidad de gozar de salud mental depende de varias oportunidades que no están dispuestas para todas las personas. Las desigualdades son profundas e incluso sistemáticas. Será más que fundamental robustecer las estrategias que reconozcan las diferencias y cicatrices sociales que históricamente han marcado a las personas y a las sociedades por generaciones. Esto evitará arraigar una retórica de salud mental romántica, poco práctica y posiblemente dotada de falacias.
Una de esas desigualdades y diferencias se focaliza en la dimensión del género. Este concepto es clave para comprender cómo se vive desde esta perspectiva, cómo se expresa y cuál es la atención que se brinda a ese malestar psíquico en nuestra sociedad, quién es replicadora, multiplicadora, transmisora y heredera de la cultura —o de las culturas— que se asumen colectivamente como identidad, con roles y funciones que se definen paralelamente con la evolución de las tecnologías, el mercado y la propia globalización.
El género es un constructo social que establece, por ejemplo, los “deberes” de hombres y mujeres; es decir, se otorgan virtudes o se limita el ser a partir de sus características endógenas, como los cromosomas, que se convierten en diferencias sustantivas para determinar relaciones asimétricas o para acceder y ejercer derechos fundamentales como la salud y el sentir.
De enero a septiembre de 2024, de acuerdo con información del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, el sistema de salud atendió, a solicitud, a 303,356 personas (205,336 mujeres y 98,020 hombres) por distintas condiciones de salud mental como la ansiedad (52.8 %) y la depresión (25.1 %). Esto refleja una demanda de servicio que se duplica en mujeres respecto a los hombres. Sin decir más, esto es una radiografía abierta a múltiples interpretaciones e hipótesis.
Esta arista se suma a la información y a los datos generales sobre salud mental asociados al género, provenientes de instituciones públicas y privadas, que exponen que las mujeres presentan mayor tasa de diagnóstico por depresión y ansiedad. En contraste, los hombres encabezan el mayor número de casos de suicidio. Estas problemáticas se robustecen con las personas de la diversidad sexo-genérica, que enfrentan índices significativos de padecimientos mentales asociados a discriminaciones y exclusiones sociales para el goce de sus derechos.
La salud mental, como política pública, enfoque teórico, práctica clínica o estrategia de desarrollo social, no debe mirarse de manera neutral y genérica. Debe considerarse la historia particular y el lugar que cada persona asume. No se trata de fragmentar las acciones institucionales por género, sino de ampliar las perspectivas que permitan una intervención sustantiva y en reconocimiento de la individuación.
El sufrimiento y el malestar psíquico tienen diversas fuentes. No se producen en el vacío, sino que se apuntalan en contextos familiares y sociales concretos, atravesados por relaciones de poder, desigualdades, inequidades y violencias que impactan de manera diferenciada. Estas diferencias descartan la neutralidad para la prevención de la psicopatología, la atención a trastornos psicoemocionales y conductas asociadas a la adicción o el tratamiento psicofarmacológico de enfermedades mentales, por mencionar algunas de las tantas posibilidades que se asocian a la intervención en materia de salud mental.
En este escenario, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, como Fundación IMSS, resulta esencial. Décadas atrás, asociaciones civiles, colectivos feministas, organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ y de derechos humanos han sostenido espacios de escucha, atención, acompañamiento y promoción de la salud mental. Desde 2018 se ha fortalecido este campo teórico a través de iniciativas de ley introducidas en las políticas públicas mediante acciones concretas que se incrementaron a partir de la pandemia por COVID-19.
La articulación de acciones sustantivas no neutrales en materia de salud mental entre el Estado, la sociedad, las personas, las instituciones y los especialistas no solo debe mirarse como un gesto de buena voluntad y de bien común, sino como una necesidad democrática que integre la perspectiva de género y la equidad, permitiendo oportunidades más dignas, más humanas, justas y eficaces.
*Directora General de Fundación IMSS.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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