Respira
Por Ariadna Camacho Contreras*
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer semestre del año 2025, el 8.9 % de personas de 18 años o más, residentes de áreas urbanas que realizaron de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública fue víctima de corrupción, es de resaltar que dichas estadísticas se incrementan de manera preocupante en casi 5 veces (45.2%), cuando el contacto se da con autoridades vinculadas con la seguridad pública.
En este contexto, es claro que en una sociedad como la nuestra en la que el Estado de Derecho debe predominar, no hay lugar para conductas que, lejos de ceñirse al estricto cumplimiento de la ley, buscan un interés estrictamente personal.
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