Por Diana Murrieta*

El caso de Maciel Alejandrina no solo duele por la brutalidad de su feminicidio, sino por lo que revela: un sistema de justicia que sigue operando sin comprender la violencia de género como un fenómeno estructural. 

Recientemente, el acusado por su feminicidio dejó la prisión preventiva para continuar su proceso en resguardo domiciliario, tras una decisión de un juzgado federal. Según el propio comunicado de la jueza, la medida se fundamenta en un argumento jurídico claro: el plazo máximo de dos años en prisión preventiva sin sentencia habría sido superado. En términos estrictamente legales, la resolución puede parecer constitucionalmente válida. Pero, en términos de justicia, resulta profundamente insuficiente.

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