Más allá de la verificación de edad, los riesgos

Por Frida Mendoza

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Era un sábado por la mañana, cada una tomaba una taza de café de su lado de la pantalla previo a la entrevista. Lulú habló elocuentemente de su activismo y su vida como trabajadora sexual y por si algún día se me fuera a olvidar, al escucharla reiteré mi posición al decir que me gusta escribir y hacer un periodismo basado en derechos humanos. 

La misma censura, el mismo despojo, el mismo desprecio y limpieza social que ocurre en las calles, en el terreno digital cada vez es más delicado. La esquina virtual, le llamó y se me quedó grabado. ¿Qué tan en disputa están los derechos de las trabajadoras sexuales que publican contenido erótico en Internet? 

Hace unos meses ya, fui invitada por a colaborar periódicamente en un observatorio sobre trabajo sexual haciendo una de las cosas que más me gusta hacer: periodismo con enfoque de género y derechos humanos. Mi primera publicación fue precisamente una sobre la verificación de edad pues estaban realizando un informe internacional publicado en SimpleMedia, proyecto editorial de SimpleEscort, respecto a dicho tema. Fuimos en total 12 periodistas y especialistas de Latinoamérica, Europa y Oceanía quienes aportamos, desde nuestro país, una mirada a la situación actual.

Al hacer esta investigación hablé con las especialistas: las que se dedican al trabajo sexual y a los derechos digitales. ¿Qué fue lo que encontré? Lo que sucede con muchos derechos, es decir, la búsqueda de limitarlos.

Tal como se ha advertido en Opinión 51 y en muchos otros espacios más, debemos espejearnos con lo que sucede en otros países donde los antiderechos avanzan y disfrazan medidas por supuesta preocupación por la sociedad.

Reino Unido es uno de los ejemplos con la Online Safety Act, una regulación que elimina la autodeclaración de ser mayor de edad y exigir verificación, ya sea con reconocimiento facial e incluso validaciones bancarias. En Estados Unidos, la censura algorítmica a partir de leyes como la FOSTA-SESTA, afecta términos tan básicos como "cuerpo" en redes sociales que pueden bannear el contenido o cuentas que lo mencionen. Además, en Australia se aprobó una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años y en Brasil, se prevé que la próxima semana entre en vigor la ley “ECA Digital” la cual impone métodos de verificación “fiables”, eliminando también la autodeclaración y en caso de no acatar, las multas podrían  de hasta 50 millones de reales…

Vaya panorama, ¿no? México actualmente no cuenta con ninguna legislación al respecto, pero justo cuando estaba por terminar mi artículo que salió publicado esta semana el diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del grupo parlamentario de Morena propuso reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En su propuesta básicamente se plantea que para la creación de correos electrónicos, las empresas proveedoras soliciten como llave la identificación del Instituto Nacional Electoral para garantizar que solamente sean las personas mayores de edad las que puedan acceder a redes sociales.

En ese momento consulté a la abogada especialista en derechos digitales, Grecia Macías, quien me explicó que la redacción de la iniciativa era demasiado problemática por lo que probablemente no avanzaría. 

Sin embargo, el panorama es preocupante y quisiera detallar por qué.

Para empezar, podemos pensar que las normativas y regulación del acceso a menores en Internet es necesario, sí. Hay mucho contenido que efectivamente las infancias y adolescencias no deberían de ver. Pero legislaciones de este tipo solo provocarán un efecto contrario e incluso mayores afectaciones.

Para empezar, la clandestinidad. Y si bien no todo lo clandestino es inseguro como en el caso del aborto, la clandestinidad en internet podría abrir todo un mercado delicado, en el que precisamente las personas menores de edad serían las más vulnerables. Como se menciona en el informe de SimpleMedia, en casos como el de Reino Unido están iniciando diversas estrategias de evasión a partir de venta de VPNs y geo-bloqueo en otros sitios. Lo prohibido llamará aún más la atención.

Otro efecto aún más preocupante en tiempos como éstos: un agravamiento en la desinformación. Legislaciones con conceptos ambiguos abren la puerta a más prohibiciones y de pronto leyes que prohíben a menores el acceso a contenidos de toda índole sexual dejan fuera incluso a aquellos que proporcionan materiales educativos y sumamente necesarios para adolescentes y también para identificar el abuso. ¿Qué nos espera si a las siguientes generaciones se les limita informarse en el terreno donde prefieren hacerlo? ¿Regresamos a la edad de piedra en la educación sexual?

Además, los datos biométricos. Contemplar por ejemplo que se realicen bases de datos, el registro a partir del reconocimiento facial y la exigencia de identificaciones representa un nuevo riesgo digital tanto para las personas menores de edad como para todas aquellas que ejercen actividades estigmatizadas como el trabajo sexual. “Nos ficharán aún más”, me dijo Lulú.

Y por último, el efecto colateral está en quienes ejercen el trabajo sexual a quienes, señala Lulú, se les piensa como personas de segunda categoría, que viven en la paradoja de tener un trabajo del que deben pagar impuestos pero que no se reconoce y por lo tanto no tienen derecho a ejercer sus derechos más básicos como el acceso a la salud, seguridad y justicia.

Medidas así, relegan a unas y aíslan a otras. Y como el sol no se tapa con un dedo, entonces regreso a mi punto inicial: si decimos que nos interesan los derechos humanos, nos deben interesar que todas las personas accedan a lo mismo, que a nadie se le despoje. 

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.