Por Gina Ileana Chacón*
El Gobierno presume avances en la COP17 sobre biodiversidad y está en la COP31, pero el presupuesto 2027 desmiente sus discursos. El próximo año, cuando elijamos a quienes nos representan, no olvidemos que las prioridades que definan se pagan con nuestros recursos y se reflejan en el presupuesto, que es la manera más honesta —o más calculada— de elegir lo que es lo urgente.
Mientras la delegación mexicana presume avances y compromisos en la COP17 sobre biodiversidad y participa en la COP31, en casa se aprobó un Presupuesto de Egresos de la Federación que revela el verdadero proyecto de Estado. El discurso internacional habla de proteger el 30% del territorio nacional para 2030, en línea con la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal; el presupuesto, en cambio, cuenta otra historia.
Por cada peso destinado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se destinan 377 pesos a Pemex. En total, 678,660 millones de pesos van para combustibles fósiles, frente a 1,799.8 millones para la institución encargada de cuidar nuestra biodiversidad.
Quienes defienden el aumento presupuestal dirán que el monto de la Conanp creció para 2027. Pero ese aumento esconde una precarización operativa en el territorio: para 2027, el programa de Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas cae 41 millones de pesos, y el de Articulación de la Política Ambiental se recorta en 55 millones.
Y no sólo es el recorte. Si las áreas naturales protegidas (ANP) generan recursos por cuotas de acceso, debería regresar completo a su conservación. Pero en 2025, aunque las cuotas de acceso aumentaron 100% y se recaudaron 473.8 millones de pesos —un récord—, a las ANP se les regresó menos de la mitad. De cada 100 pesos que pagó el turismo, 53 se los quedó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pese a que el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos establece que deben regresar a la Conanp. Por ejemplo, Balandra recaudó casi 5 millones de pesos, pero solo le regresaron 20,825 pesos.
¿Se trata, entonces, de no recortar por un lado, aumentar ligeramente por otro y luego quitar por la puerta de atrás?
Mientras tanto, del cofinanciamiento del gobierno mexicano que comprometió 115 millones de dólares para el proyecto Mex 30x30 no hay información pública suficiente para saber cómo se ha usado, en qué se ejerció ni cuánto ha ayudado a cerrar la brecha financiera de la Conanp, estimada en 200 millones de dólares según datos oficiales.
Por eso, el presupuesto para 2027, que asigna a la Conanp el equivalente a 18.16 pesos para cuidar cada hectárea protegida durante un año, resulta insignificante. Y en el territorio la situación es aún más crítica. México tiene apenas 717 guardaparques para vigilar 232 áreas protegidas —según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza deberíamos tener 196,000—; en 91 áreas ni siquiera hay. Son las comunidades, en buena medida, las que ponen el cuerpo y sostienen la vida día a día.
Por ejemplo, en el Parque Nacional Revillagigedo, islas localizadas en Baja California Sur, sólo dos personas vigilan 14.8 millones de hectáreas, una superficie casi 100 veces mayor que la Ciudad de México. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca —emblema de la conservación en México— sufrió un recorte del 79% en 2026 frente a 2024 y quedó con apenas 112,295 pesos para operar todo el año.
Hay más datos y ejemplos que observar, pero todo esto invita a reflexionar. El Estado nos está quedando a deber la vigilancia, la restauración y el futuro de nuestra biodiversidad. Y, sobre todo, evidencia una decisión política que desfinancia la vida (con nuestros impuestos).
La demanda es clara. Que el proyecto de nación y el presupuesto de nuestros representantes garanticen el derecho a un medio ambiente sano. Que las áreas protegidas —y las mariposas, las ballenas y quienes las cuidan— no solo estén en nuestros billetes y en los discursos internacionales, sino que se traten como la primera barrera frente a la crisis climática. Y que el dinero público para cuidarlas esté a la altura del desafío.
Un presupuesto no es sólo un documento contable. Es la manera más honesta —o más calculada— de decir cuáles son las prioridades del Estado y cómo se financian con nuestros recursos. ¿Empezamos a exigir que sean nuestras prioridades?
Consulta más aquí.
*Gina Ileana Chacón es directora de Política Pública del Programa México de Wildlands Network y miembro de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental NOSSA,.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.

Comentarios ()