Por Laura Brugés
¿Cuántas instituciones, secretarías y piezas enteras del aparato administrativo han sido eliminadas en nombre de la llamada austeridad republicana? Y, sin embargo, esa austeridad no se refleja en lo cotidiano, ni en seguridad, ni en mejores servicios, ni en un uso más claro de los recursos que el Estado administra. Bajo esa misma lógica se presenta ahora el llamado Plan B: una reforma que, más que electoral, parece presupuestal y administrativa, salvo en un punto clave, donde sí asoma el verdadero cálculo político: la modificación al artículo 35 sobre consulta popular y revocación de mandato.
Esto no es reforma electoral de fondo, es poda administrativa con el clásico discurso para la base votante morenista. Recortes a ayuntamientos, topes a congresos locales, límites presupuestales. Menos democracia de alto impacto y apretar más sobre lo local.
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