Por Lilia Mónica López Benítez*
La independencia judicial no se mide por el número de sentencias contrarias al gobierno. Un tribunal debe poder darle la razón a una autoridad cuando el derecho la sostiene y negársele cuando no. Parece una exigencia elemental, pero su cumplimiento depende de condiciones que rara vez aparecen en el debate electoral. Después de más de tres décadas en el Poder Judicial de la Federación, me interesa lo que esa libertad significa para quienes acuden a la justicia: que su expediente se estudie, sus pruebas se valoren y la sentencia pueda cumplirse, cualquiera que sea la fuerza política de la contraparte.
Para que eso ocurra, hacen falta jueces capaces y tribunales que funcionen. La experiencia institucional enseña que el presupuesto, la estabilidad del personal, las adscripciones y los mecanismos de responsabilidad pueden facilitar o dificultar la tarea jurisdiccional.