Respira
Por Mariana Robles
El IMSS ya no pudo seguir posponiéndolo.
La interrupción legal del embarazo empieza a integrarse como servicio, reconociéndose como parte de la atención en salud. No es un favor. Responde a resoluciones judiciales y a un marco de derechos que deja poco margen a interpretación. Con ello, lo que antes operaba en silencio se expone: la objeción de conciencia deja de ser discreta y se vuelve un obstáculo visible.
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La objeción de conciencia permite al personal de salud negarse a participar en ciertos procedimientos por razones éticas, morales o religiosas. En la práctica, se concentra en salud sexual y reproductiva: aborto, anticoncepción y, en menor medida, atención a personas LGBT+.
No nació en la medicina, sino en el ámbito militar. Era una herramienta de quienes se negaban a ir a la guerra por motivos religiosos o éticos. Después se trasladó al campo sanitario, sobre todo en el siglo XX, ligada al aborto, la eutanasia y la reproducción asistida.
No surge para proteger pacientes. Protege a quien se niega.
En América Latina crece de la mano de la presión conservadora, del peso de lo religioso en los sistemas de salud y de la resistencia a ampliar derechos sexuales y reproductivos. No es coincidencia que tome fuerza cuando el aborto empieza a despenalizarse.
Durante años no generó fricción visible. La objeción resolvía sin nombrar. No se atendía el aborto. Punto.
Ahora el sistema público —también el IMSS— tiene la obligación de garantizar el servicio. Ahí aparece el problema sin filtro: el personal de salud que no quiere participar.
La falta de formación en aborto y la ausencia de perspectiva de género no son excusas. No se enseña bien el marco normativo, pero eso no exime de su cumplimiento. Esa carencia lleva a conductas médicas que intentan disuadir, alterar decisiones o directamente obstaculizar derechos.
Decidir no realizar abortos es una opción personal, pero la ley no se modifica según creencias.
Algunas colegas plantean una salida: no hacerlo, pero tampoco bloquear. Informar, derivar, apartarse. Parece suficiente, pero no lo es. El aborto es tiempo-dependiente. Cada día cambia el riesgo, el costo y la complejidad. Cada “aquí no” desplaza a procedimientos más tardíos.
El aborto es parte del estándar de cuidado en salud reproductiva.
No se puede elegir una especialidad y excluir una de sus funciones centrales. Si una médica decide no atender abortos, tiene que cuestionar su lugar en la ginecología.
Si no está dispuesta a hacerlo, no es su especialidad. Incomoda porque rompe con la idea de que todas las posturas caben en medicina. Y no.
Nadie acepta que una cardióloga rechace un infarto por convicciones. Nadie plantea que una oncóloga seleccione qué cáncer sí y cuál no. En aborto, sí.
Esa excepción produce efectos: retrasos, derivaciones inútiles, complicaciones evitables, desgaste y más desigualdad: quien puede pagar resuelve; quien no, se queda atrapada en el sistema.
Mientras tanto, quienes se nombran objetores de conciencia se mantienen en una comodidad que les permite conservar su lugar y sus creencias, mientras alguien más absorbe las consecuencias. Porque, seamos claras: convertir convicciones en obstáculos es una elección de poder, no de ética.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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