Respira
Por Nelly Segura*
A veces el problema no es lo que el poder hace, sino lo que decide no explicar. El silencio, cuando viene del Estado, no es neutral: pesa, lastima y rompe la confianza. El caso del Refugio Franciscano se convirtió en un conflicto público no sólo por una intervención fallida, sino por una cadena de omisiones, mensajes torpes y una comunicación construida desde la desconfianza hacia la ciudadanía.
Conozco el Refugio Franciscano desde hace décadas. Lo he visto resistir con recursos mínimos, sostenerse gracias al trabajo cotidiano de personas que nunca buscaron reflectores y recibir a los animales que nadie más acepta: enfermos, viejos, mutilados, abandonados. No hablo desde la idealización, sino desde la memoria. Por eso, lo ocurrido no puede reducirse a un error administrativo ni a una disputa narrativa.
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Desde el inicio, el Gobierno de la Ciudad de México pareció olvidar que, en una crisis de esta magnitud, la información no es un gesto de buena voluntad, sino una obligación democrática. La falta de datos claros, oportunos y verificables abrió un vacío que el propio gobierno decidió llenar con propaganda defensiva, no con verdad.
El comunicado de la Secretaría de Gobierno del 25 de enero de 2026, difundido tras una manifestación que ya había rebasado el ámbito local, es un ejemplo claro de esa lógica. En lugar de explicar decisiones, el documento pone en duda la “motivación real” de las protestas ciudadanas, se declara sorprendido por la inconformidad social y sugiere que el diálogo podría suspenderse si la movilización continúa. No informa. No aclara. No rinde cuentas. Advierte y descalifica. Es comunicación vertical y autoritarismo.
“…Ante este escenario, el Gobierno de la Ciudad de México valorará la pertinencia de continuar con nuevas mesas de diálogo… no resulta claro el objetivo ni la motivación real de dichas expresiones…”
El mensaje implícito es inquietante: el diálogo existe sólo mientras no haya protesta. Mesas condicionadas al silencio. Como si exigir información pública fuera una amenaza y no un derecho.
Ese comunicado confirma que el gobierno de Clara Brugada interpretó la protesta como un problema de control político y no como lo que realmente es: una exigencia legítima de saber dónde están los animales, en qué condiciones fueron trasladados y por qué no han regresado a su refugio en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca.
El error central fue no decir la verdad completa y no decirla a tiempo. Nunca se informó —hasta que fue exhibido— a dónde fueron llevados los perros, bajo qué protocolos, en qué condiciones ni con qué mecanismos de seguimiento tras el operativo del 7 de enero, marcado por un despliegue intimidante de patrullas. Tampoco se aclaró qué ocurrió con los gatos rescatados. Esa información sigue sin ser pública. La ciudadanía se enteró por activistas, filtraciones y voces internas, no por canales oficiales.
Lo que sí llegó fue una avalancha de mensajes defensivos. Hoy sabemos —porque fue expuesto— que decenas de perros permanecieron durante horas dentro de transportadoras en el Deportivo Galeana, un espacio comunitario que no es ni una Utopía ni un centro especializado. La improvisación fue evidente. El desorden también.
Ante la indignación social, el aparato gubernamental se activó no para explicar, sino para imponer una versión. Funcionarios comenzaron a publicar videos en masa defendiendo el llamado “rescate”, muchos de ellos sin conocimiento real del caso. Fue un uso torpe del engranaje institucional para blindarse políticamente, no para informar.
Algunos mensajes cruzaron límites graves. Luisa María Alcalde criminalizó públicamente al Refugio Franciscano sin que exista sentencia judicial alguna. Ana Villagrán, titular de la Agencia de Atención Animal, optó por construir una narrativa personal de heroísmo en redes sociales mientras descuidaba su responsabilidad principal: comunicar con rigor técnico, datos verificables y respeto institucional. Más grave aún, utilizó esas plataformas para descalificar a periodistas. Eso no es debate público; es ejercicio faccioso del poder.
La estrategia digital fue deplorable. Videos que pretendían mostrar buenas condiciones exhibían apenas una veintena de perros, cuando el propio gobierno habló de más de 900 animales rescatados. Clara Brugada aparece tocando a los perros con guantes. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué no mostrarlos? ¿Por qué editar la realidad? Porque la narrativa importó más que la verdad.
Circularon también videos con el título MENTIRA, en mayúsculas, y otros que intentaron exhibir supuesto maltrato animal atribuido al refugio, aun cuando esos animales ya llevaban días bajo resguardo de la Fundación Antonio Haghenbeck. Esto reveló un profundo desconocimiento sobre cómo funcionan los refugios. Especialistas coinciden en que en espacios como el Franciscano hasta la mitad de los animales puede llegar en malas condiciones físicas, precisamente porque ahí se rescata a los que nadie más recibe: los que están en malas condiciones.
El resultado fue una comunicación arcaica: vertical, opaca, basada en consignas y descalificación. Una suma de silencios y medias verdades que erosionó seriamente la credibilidad institucional.
En términos de imagen pública, el daño es profundo y autoinfligido. Lo que pudo ser un proceso transparente terminó convertido en un símbolo de abuso y desconfianza. El Gobierno de la Ciudad de México perdió mucho más de lo que hubiera ganado actuando con claridad desde el inicio.
En ese contexto, el anuncio de una supuesta “Utopía Canina” fue una pésima decisión comunicativa: un intento improvisado de cambiar la conversación. En una ciudad con más de un millón de perros en situación de calle, una propuesta que atendería a unos cientos no sólo es insuficiente; resulta ofensiva.
Las manifestaciones no se detuvieron porque no son artificiales. Se extendieron a nivel nacional porque nacen del hartazgo ciudadano: personas que no cobran, que no siguen línea y que defienden una causa legítima. Dar voz a quienes no la tienen y evitar que el despojo también alcance a los animales.
Como ha advertido Ricardo Raphael, cuando el Estado sustituye información por narrativa, lo que produce no es orden, sino desconfianza. El caso del Refugio Franciscano no es sólo una mala gestión: es una alerta democrática.
Aquí no falló la ciudadanía.Falló el poder.
*Nelly Segura, periodista y escritora.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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