Caso Bronco: el problema repetido de la simulación

El caso de “El Bronco” podría ser otro más de simulación de justicia que capitalizan los políticos para su popularidad, aún cuando violen la ley y los protocolos.

Caso Bronco: el problema repetido de la simulación
Sandra Romandía

Hoy, 11 de abril, se llevará a cabo la audiencia para imputar o no, al ex gobernador  de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” en el proceso que lleva detenido, por delitos electorales que le fincaron en una investigación, que nadie, salvo el fiscal especial contra delitos electorales y sus patrocinadores, sabían que existía.

No creo en su inocencia o culpabilidad, creo en el marco legal; aunque cada vez se hace más difícil dejar pasar por alto la manipulación y manejo que se le da a la justicia en nuestro país, desde la cabeza de su impartición. Apenas hace unos  días la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidenció con el caso de Alejandra Cuevas y el Fiscal de la República Alejandro Gertz,  que se había retenido injustificadamente en  prisión a una persona por rencillas y desavenencias familiares, por lo que  la corte ordenó su liberación inmediata al no encontrar delito que justificara su encarcelamiento.

El caso de “El Bronco”, se tienen indicadores de que puede ser un proceso armado con el único fin de hacer una carambola de dos bandas: primero, de cobrar una venganza del mal trago que él mismo hizo pasar al ex gobernador Medina de quien recibió Nuevo León, y, segundo, servir de trampolín para catapultar entre la opinión pública a Samuel García, el nuevo gobernador del estado, quien representa fielmente a esa nueva generación de políticos que gobiernan basados en el pulso de las redes sociales y los “likes” de sus seguidores virtuales.

“El Bronco” encarceló por 19 horas al exgobernador Rodrigo Medina como resultado de una promesa de campaña, aún a sabiendas que no podría sostener las argumentaciones para mantenerlo preso, incluso se filtraron fotografías a la prensa del ex mandatario cuando era fichado y con su uniforme de recluso. Eventualmente fue exonerado de todos los cargos. Esta cuenta pendiente se la cobra el fiscal especial en delitos electorales de Nuevo León, Gilberto de Hoyos Koloffon, un abogado sin experiencia en materia electoral, pero con gran relación con dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes lo propusieron para el puesto en el que fue ratificado por la diputación de mayoría tricolor en el congreso local.

El riesgo es que el caso de “El Bronco” podría ser otro más de simulación de justicia que capitalizan los políticos para su popularidad, aún cuando violen la ley y los protocolos, pero que le reditúan alta aceptación entre la ciudadanía, principalmente de fuera de su estado, lo que le suma puntos para una eventual batalla por la candidatura a la presidencia de la República en 2024.

En este caso,  la integración del expediente, a decir de sus abogados, se encuentra plagada de irregularidades, empezando porque nunca se supo que se estaba llevando a cabo la investigación, dado que no es de la competencia de la fiscalía del estado, por lo que la prisión preventiva en la que se encuentra el exgobernador no tiene justificación para haberse girado, y tampoco se ha respetado el principio de presunción de inocencia que se supone debe respetarse en tanto se demuestra la culpabilidad de un acusado. Para justificar la detención, la fiscalía simuló que no había sido posible la localización de Rodríguez cuando en realidad contaba con elementos de escolta del propio estado, por lo que siempre estuvo  ubicado. Hay que sumar que se utilizaron expedientes pasados -de los que las autoridades en funciones suelen acumular durante el ejercicio de su administración, pero que al carecer de méritos por lo general se desestiman- para intentar que se obsequie una nueva orden de aprehensión con el objeto de mantener al ex funcionario en la cárcel, lo que al parecer, y de acuerdo a las leyes vigentes, resulta en un atropello a sus derechos por ser injustificado su encarcelamiento.

Medina y “El Bronco” no son los únicos casos en la historia reciente de ex gobernadores detenidos y después liberados en procedimientos legales amañados y poco claros, también han sido encarcelados en procesos que han resultado más mediáticos que jurídicos el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés, quien en 2016 fue detenido por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que hasta el día de hoy no se comprobaron. Salió libre en 2019. También el ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía fue detenido por Juan Sabines, su sucesor, a finales de 2011 y estuvo en prisión hasta 2013; en 2014 la SCJN desestimó los cargos y ratificó la sentencia absolutoria.

Ante la avalancha de ejemplos de políticos presos, pero que al final resultan ser presos políticos, no queda más que confiar en el sistema de impartición de justicia mexicano y que no sea utilizado para  la rentabilidad mediática de las situaciones que reditúan en buenos dividendos entre la opinión pública para los que buscan mantenerse o proyectarse en sus aspiraciones.

@sandra_romandia

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