Por Laura Pamela Sandoval*
La Presidenta anunció en la mañanera un decreto de transparencia que ya apareció en el Diario Oficial. Manda a las dependencias del Ejecutivo publicar información sin esperar a que nadie la pida y actualizar más seguido sus contratos, incluidos los de las empresas públicas. Junto con el decreto vino la promesa de una reforma legal, porque un decreto no llega a tanto. No puede cambiar las causas por las que el gobierno tiene permitido reservar un documento.
Queda una pregunta que el anuncio no toca. Cuando una dependencia niega la información, ¿ante quién reclama el ciudadano? Hasta 2025 reclamaba ante el INAI, órgano constitucionalmente autónomo, integrado por siete comisionados ratificados por el Senado y renovados por partes, de modo que ningún gobierno alcanzaba a nombrarlos a todos. La reforma de simplificación administrativa lo desapareció. Hoy la función está en Transparencia para el Pueblo, sectorizado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con un titular único que designa la Presidencia.