Sophia Huett

Los adictos de nadie son los riesgos de todos

La seguridad pública no empieza con la sanción, sino con la prevención.

Por Sophia Huett

Iba caminando a la escuela. Un trayecto corto, cotidiano, de esos que se repiten todos los días sin pensarse demasiado. En ese camino ocurrió una agresión física. Un adulto con adicción a drogas atacó a una niña. No había vínculo previo ni conflicto previo. Solo el cruce entre una menor y una conducta fuera de control en el espacio público.

La reacción inmediata suele ser de sorpresa e indignación. Se presenta el hecho como una tragedia aislada, como algo que “no se podía prever”. Pero no es así. Responde a una lógica conocida: cuando el consumo problemático de drogas no se atiende, el riesgo se traslada a terceros. El consumo deja de ser un asunto privado en el momento en que afecta a otros.

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Dicho en términos sencillos, las adicciones generan daños indirectos. Afectan a personas que no consumen, a familias que no tienen ese problema en casa, a niñas y niños que simplemente caminan a la escuela. El costo no lo paga solo quien consume. Por eso este no es únicamente un tema de salud ni solo de castigo penal: es un problema de seguridad cotidiana y de protección a terceros.

Aunque aquí hablamos de drogas, el aprendizaje internacional viene también de otros consumos legales. En Estados Unidos, durante décadas, miles de menores murieron o quedaron gravemente heridos por conductores bajo los efectos del alcohol. Durante mucho tiempo se habló de “accidentes”. El punto de quiebre llegó cuando las familias de las víctimas cambiaron la pregunta: no era solo por qué alguien consumió, sino por qué el sistema permitió que ese riesgo siguiera activo en el espacio público.

De ese reclamo surgió Mothers Against Drunk Driving (MADD), un movimiento que logró transformar la política pública. A partir de esos casos se adoptaron medidas concretas: controles más estrictos, zonas de tolerancia cero cerca de escuelas, intervenciones obligatorias ante consumo problemático y programas de atención. El resultado fue una reducción sostenida de muertes y agresiones a menores. La sustancia no desapareció; el riesgo sí se redujo.

La lección aplica también para las drogas ilícitas. Que una sustancia sea ilegal no significa que el Estado ya haya cumplido con su responsabilidad. Penalizar el consumo o perseguir el delito no sustituye la obligación de prevenir daños. Cuando una persona con adicción a drogas presenta conductas de riesgo y no existe detección temprana, tratamiento accesible ni mecanismos de contención, el problema se desplaza al espacio público y alcanza a quien menos responsabilidad tiene.

Aquí entra la relación entre el Estado y las familias. El Estado tiene la obligación de ofrecer rutas claras de atención, acompañamiento y protección, especialmente cuando hay señales de riesgo. No puede limitarse a intervenir después de la agresión. Pero esa responsabilidad estatal tampoco elimina la corresponsabilidad social. En otros países se ha avanzado en reconocer que, cuando el entorno cercano conoce un consumo problemático grave y un riesgo previsible para terceros —sobre todo para menores—, la omisión también tiene consecuencias. No como castigo moral, sino como mecanismo de prevención.

No se trata de criminalizar a las familias ni de trasladarles la carga del problema. Se trata de entender que ignorar lo que ya es peligroso no protege a nadie. La protección de niñas y niños exige un sistema que actúe antes y un entorno que no normalice la pérdida de control.

La comparación es incómoda, pero necesaria. En ambos casos hay un menor sin relación con el agresor, un espacio público cotidiano y una conducta alterada por el consumo. Cambia la sustancia —alcohol o drogas—, pero la lógica del daño es la misma. Y la conclusión también: esperar a que ocurra la tragedia para actuar siempre llega tarde.

Atender las adicciones a drogas no es justificar la violencia ni minimizarla. Es reducir riesgos reales. Es asumir que la seguridad no empieza con la sanción, sino con la prevención, la atención oportuna y la corresponsabilidad entre Estado y sociedad.

Dicho sin rodeos: los adictos de nadie son los riesgos de todos. No como consigna moral, sino como diagnóstico. Mientras sigamos pensando que las adicciones “no nos tocan” si no están en casa, seguiremos viendo cómo el daño alcanza a quien menos responsabilidad tiene. La verdadera discusión ya no es si esto puede pasar, sino cómo evitamos, de manera concreta, que vuelva a pasar.

Había algo que me daba miedo cada Navidad. No eran los regalos, ni la mesa llena, ni las preguntas incómodas. Era ese momento —casi siempre inevitable— en el que una persona adulta con relación familiar sentía que tenía permiso para hablar de mi cuerpo. Decirlo sin empacho. Decirlo en voz alta. Decirlo frente a todos.

En plena preadolescencia, al abrir la puerta de la casa de la abuelita, el saludo era: “estás más gordita”, acompañado del apretón de cachetes. Un gesto que parecía cariñoso, incluso gracioso para quienes lo veían desde fuera, pero que dolía de dos maneras: en la piel y en algo más profundo. No era solo lo físico. Era la sensación de ser exhibida, medida, evaluada. Esa persona empañaba la Navidad entera. Y muchas más después. Porque el comentario se quedaba en la cabeza, en el cuerpo y en la forma de mirarme durante años.

Así se siembran muchos complejos. No con violencia abierta, sino con palabras “inocentes”. Con frases que nadie cuestiona porque vienen de la familia. Con la idea de que opinar sobre el cuerpo ajeno es normal.

El tiempo pasó. Crecí. Llegó la adultez. Y pensé que esos comentarios quedarían atrás. No fue así. Solo cambiaron de dirección: “estás muy delgada”, me dijeron insistentemente.

Afortunadamente estoy sana. Pero no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si esa delgadez fuera consecuencia de un trastorno alimenticio, de una depresión, de una enfermedad real. ¿Qué habría significado escuchar lo mismo en un momento de fragilidad? ¿Quién se hace responsable del impacto de esas palabras cuando llegan sin contexto, sin cuidado, sin saber?

A veces pienso que esta necesidad de estar delgada, o el miedo profundo a subir de peso —especialmente durante mi embarazo— no apareció de la nada. Tal vez se gestó en aquellas Navidades de la infancia, cuando aprendí que mi cuerpo podía ser tema de conversación pública. Que no era del todo mío. Que estaba siempre sujeto a opinión.

Los adultos solemos subestimar el peso de nuestras palabras. Creemos que los niños olvidan. Que los comentarios se diluyen. No es cierto. Las palabras se quedan. Se vuelven forma de mirarse, de exigirse, de castigarse. Y no solo en la infancia. También en la vida adulta, cuando seguimos cargando con lo que escuchamos años atrás.

Estoy convencida de algo: del físico de las personas no se puede ni se debe hablar. Ni de niñas y niños, ni de adultos. Mucho menos sin responsabilidad. Solo debería hacerse cuando existe una preocupación genuina por la salud y, aun así, con extremo cuidado, con acompañamiento profesional y con una sensibilidad que evite convertir la preocupación en herida.

Estas fiestas decembrinas, entre abrazos y brindis, también se reparten palabras que creemos pequeñas. No lo son. Para muchas personas, esas frases definen su relación con su cuerpo durante toda la vida.

¿Cuántas historias de inseguridad comenzaron con un apretón de cachetes navideños?Más de las que creemos. Empezando por la mía.