Respira
Por Sophia Huett
A Javier lo escuché decirlo con una mezcla de coraje y cansancio: “yo sí creía en eso de la igualdad… hasta que me tocó vivirlo”. No hablaba de perder derechos, hablaba de perderlo todo en un proceso donde, según él, la balanza ya estaba inclinada desde el inicio.
Y ahí está el punto incómodo.
Porque hablar de esto no es negar la violencia estructural que viven millones de mujeres. Está documentada, reconocida en nuestra Constitución y en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Esa lucha es legítima, urgente y necesaria.
Pero precisamente por eso, hay que cuidarla.
Cuidar la causa implica también decir lo que no nos gusta escuchar: que existen casos donde, bajo la bandera del feminismo o del acceso a derechos, hay abusos.
Mujeres que convierten la pensión alimenticia —pensada jurídicamente para proteger a niñas y niños— en una forma de asfixia económica. No para garantizar derechos, sino para castigar.
Mujeres que utilizan la convivencia con los hijos como campo de batalla emocional: cancelan visitas, condicionan el contacto, construyen narrativas para romper el vínculo. No por protección, sino por revancha.
Mujeres que presentan denuncias falsas de violencia, acoso o abuso laboral, aprovechando que hoy existe —y debe existir— una mayor sensibilidad institucional. Pero que, al hacerlo sin sustento, no solo dañan a una persona, sino que erosionan la credibilidad de quienes sí necesitan justicia.
Mujeres que utilizan órdenes de restricción como estrategia de ventaja en litigios familiares, sin que exista un riesgo real, pero sabiendo que el sistema, por diseño, actúa de manera preventiva.
Mujeres que presionan acuerdos económicos desproporcionados bajo amenaza de escalar conflictos legales o mediáticos.
Mujeres que utilizan el escrache o la exposición pública en redes sociales no como denuncia legítima, sino como mecanismo de presión o castigo sin debido proceso.
Mujeres que obstaculizan acuerdos parentales razonables solo para mantener control o ventaja emocional.
Mujeres que se victimizan estratégicamente en entornos laborales para evitar evaluaciones, responsabilidades o consecuencias profesionales.
Y sí, hay quienes, en lo cotidiano, a esto le llaman “cabronas”.
Pero más allá de la palabra, lo que importa es el fondo: cuando el derecho se usa como arma, deja de ser justicia.
El problema de no nombrar estos excesos es que crecen en silencio. Y cuando eso pasa, generan algo todavía más grave: desconfianza. Desgaste. Rechazo hacia una causa que, en esencia, busca lo contrario: equilibrio, dignidad, igualdad.
Porque si todo cabe, si todo se justifica, entonces nada se sostiene.
El marco jurídico mexicano y los estándares internacionales son claros: los derechos humanos no son absolutos ni pueden ejercerse en perjuicio de otros. El principio de buena fe, el debido proceso y el interés superior de la niñez no son opcionales ni selectivos.
Cuidar la causa también es poner límites.
Es reconocer que el acceso a derechos no puede convertirse en privilegios injustos. Que la protección no puede ser excusa para la revancha. Que las herramientas legales diseñadas para proteger no pueden normalizarse como instrumentos de abuso.
Decirlo no debilita la lucha. La fortalece.
Porque las causas que valen la pena no le temen a la autocrítica.Le temen al silencio.
Y si de verdad creemos en la igualdad, entonces también debemos atrevernos a defenderla… incluso de quienes la distorsionan.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Comments ()