Respira
Por Thelma Elena Pérez Álvarez*
Las denuncias de mujeres violentadas en México se han convertido en una de las grietas más profundas entre el discurso institucional y la experiencia cotidiana. Esta contradicción no ocurre únicamente en los expedientes ministeriales, sino en los escenarios simbólicos donde las mujeres se ven obligadas a narrar su propio trauma para que exista socialmente, mientras que el Estado, aparentemente saturado de denuncias, sigue actuando como si cada caso que llega a ser, en ocasiones, selectivamente mediático fuera una excepción.
En redes sociodigitales y plataformas como Facebook, TikTok o X, mujeres de distintas edades y contextos han construido un archivo colectivo de testimonios que, pese a su dispersión, comparten un mismo hilo conductor: la sensación de que denunciar implica exponerse dos veces. Primero, a la violencia que ya se vivió. Después, a una violencia institucional que duda, revictimiza y ralentiza.
La paradoja es cruel: México vive una crisis de violencia de género tan documentada que se ha vuelto estadística, pero esa misma abundancia de evidencia parece diluir la urgencia de cada caso. Cuando miles denuncian, el sistema dice estar “rebasado”; cuando pocas denuncian, se les exige “seguir los canales adecuados”. De esta manera, el peso de la violencia recae nuevamente sobre las víctimas, quienes deben elegir entre el silencio estratégico o la exposición pública a través de las redes, donde la legitimidad se negocia en tiempo real, entre likes, comentarios y algoritmos.
La contradicción sucede en las propias cifras oficiales. Se redunda que el país vive una crisis de violencia contra las mujeres, tan imprecisamente documentada que ya es parte del paisaje burocrático. Sin embargo, esa abundancia de denuncias, lejos de acelerar respuestas, parece justificar la lentitud y la conveniencia del sistema.
Recientemente, en la mañanera del pueblo del 6 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante el curso de 2025 se han registrado 25 mil 70 denuncias por abuso sexual en México, según datos oficiales presentados por Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien argumentó “siempre hay un cifra gris, por supuesto” y por ello, alentó a las mujeres a denunciar “para que el gobierno pueda acompañarlas” y ante preguntas sobre cuántas de esas denuncias se atienden y cuántos acosadores se han detenido a partir de dichas querellas, respondió “Bueno, son, en realidad, 25 mil carpetas ya abiertas; seguramente denuncias hay más, pero ya como carpetas de investigación que inicia todo el proceso son 25 mil” y “No tengo el dato a la mano, pero lo conseguimos y se los mando”.
Situaciones como la anterior, parecen evidenciar que lo que se hace es insuficiente; mientras tanto, el discurso institucional sigue hablando de avances, protocolos, campañas y capacitaciones. Al tiempo, miles de carpetas son registradas de manera deficiente y permanecen estancadas, mujeres violentadas siguen sin confiar en el Estado y migran de las fiscalías a los espacios digitales, los cuales se convierten en amplificadores de una verdad incómoda: si la denuncia no se hace pública, no existe.
Sin embargo, dicha exposición tiene un costo. En el ecosistema digital, las denunciantes se enfrentan a nuevas violencias: desinformación, acoso, manipulación, explotación mediática. La víctima se convierte en contenido y el sufrimiento en insumo para la conversación pública.
Así, la sociedad observa, comenta, analiza y luego pasa a la siguiente tendencia, porque redes y plataformas digitales funcionan bajo lógicas de consumo donde cualquier tipo de contenido es parte de un mismo flujo y del scroll que facilita que la violencia y la impunidad se viralicen y normalicen, pero la justicia no.
Dos de las muchas preguntas que quedan, entonces, son tan sencillas como devastadoras: ¿Cuándo dejará de ser necesario que la denuncia tenga que viralizarse, a veces, selectivamente para ser atendida? ¿Será necesario dejar de exponerse para ser atendida?
*Thelma Elena Pérez Álvarez es docente en comunicación digital, publicidad y marketing en universidades de España y México. Trabaja activamente para que el Estado mexicano garantice el derecho humano a la alfabetización mediática e informacional.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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