Por Vania Pérez Morales

Las declaraciones patrimoniales son uno de los grandes logros impulsados por la sociedad civil y una política que terminó por institucionalizarse a partir del Sistema Nacional Anticorrupción. En 2019 se aprobaron los formatos mediante los cuales, a pesar de los intentos desde el Ejecutivo por ocultar la mayor cantidad de información posible, se estableció qué deben dar a conocer quienes trabajan en el servicio público.

Es, en buena medida, un ejercicio de buena fe, pues no existe un parámetro que permita comprobar, por sí solo, que quien declara está diciendo la verdad. Debería bastar con que los servidores públicos entendieran que tienen la obligación de rendir cuentas sobre el patrimonio que construyen mientras reciben un salario pagado con las contribuciones de millones de mexicanas y mexicanos. No es así.

Mujeres al frente del debate, abriendo caminos hacia un diálogo más inclusivo y equitativo. Aquí, la diversidad de pensamiento y la representación equitativa en los distintos sectores, no son meros ideales; son el corazón de nuestra comunidad.