Respira
Por Yohali Reséndiz
Decían que eran sus amigas.
Pero le tenían coraje. Celos.
La engañaron.
A Layla, de 15 años, la estrangularon, la hicieron sufrir, la mataron y lo grabaron para luego enviarle el video a la madre de Layla. Pero antes de eso, la enterraron.
La ley en México luego de ser detenidas tuvo para ellas: menos de 2 años y 10 meses de cárcel y 11 meses de libertad asistida.
¿Qué hubiera hecho como padre o madre de las asesinas?
¿Qué hubiera hecho como padre o madre de Layla?
El caso de Layla Monserrat no es el primero (septiembre de 2025).
En 2023, en Teotihuacán, Norma Lizbeth, de 14 años, murió después de ser golpeada brutalmente por una compañera tras meses de acoso escolar. También lo grabaron. Murió días después por traumatismo.
La sentencia: tres años de internamiento.
Hace apenas unos días, en Michoacán, un adolescente de 15 años fue vinculado a proceso por asesinar a dos profesoras con un fusil AR-15 dentro de una escuela. Disparó con un arma de alto poder. Sabía lo que hacía.
Su sentencia: entre tres y cinco años por ser menor.
Estamos frente a un adolescente con acceso a un fusil.
¿Importa si es bullying, feminicidio, si hubo planeación en el crimen o si se utilizó un arma de alto poder? La respuesta es no.
El sistema respondió igual.
No importa el crimen.
Importa la edad.
México tiene un sistema garantista para adolescentes, alineado a estándares internacionales, que privilegia la reinserción social bajo la premisa de que un menor está en formación.
Pero, ¿en formación de qué, cuando cometen estos crímenes? Hay jóvenes que les faltan días para cumplir la mayoría de edad y son juzgados con sentencias de niños.
Los criminólogos coinciden: no son actos impulsivos, no son accidentes sino actos con violencia extrema, con intención, con conciencia… y muchas veces, grabados.
Entonces: ¿Por qué el sistema juzga igual un robo menor que un feminicidio planeado?
¿La edad debe ser el único criterio?
¿O hay delitos que obligan a repensar el modelo?
¿Por qué cuando un adolescente decide convertirse en agresor sigue teniendo todas las ventajas legales como menor infractor?
¿O es solo una percepción?
México lleva años evitando mirar a los jóvenes que ya no solo sufren la violencia… sino que la ejercen.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 más de 32 mil adolescentes fueron imputados por delitos.
Y no solo delinquen más.
También mueren más.
Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre enero y mayo de 2025 más de 350 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados en México. Más de dos adolescentes al día.
Desde 2015, más de 11 mil homicidios de menores y además, los están reclutando.
Diversos diagnósticos advierten que el crimen organizado está incorporando cada vez más adolescentes, aprovechando su vulnerabilidad… y también los vacíos del sistema.
¿Son carne de cañón?
¿O la descomposición en las familias también está acelerando estas cifras?
¿Falló el sistema?
La escuela.
La familia.
El Estado.
La prevención.
¿O todo al mismo tiempo?
Entonces, ¿qué hacemos con los adolescentes cuando conocemos historias como la de Layla?
¿Acaso México está frente a una crisis generacional donde los adolescentes: asesinan,
mueren, desaparecen, delinquen?
¿Y qué hacen los padres, los maestros, la autoridad? Escudarse en que es un caso aislado.
¿Normalizar la violencia con rostro adolescente?
Los casos ya están ahí.
Documentados.
Grabados.
Sentenciados.
Menores infractores a días de ser adultos… con castigos que no alcanzan la gravedad de sus actos.
Y aunque incomode, México necesita una conversación urgente:
¿En qué momento el crimen deja de ser “menor”?
Porque si no lo definimos hoy… mañana serán los asesinos grandes y demasiado tarde.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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