Respira
Por Yohali Reséndiz
¿Qué clase de justicia es esa que le da la espalda una y otra vez a las hijas de Mariel Albarrán?
Para quienes no conocen el caso, las hijas de Mariel son ahora adolescentes, que hace siete años denunciaron a su padre por haberlas agredido sexualmente cuando era magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Hoy, él busca desesperadamente regresar a ese cargo.
Así que vuelvo a preguntar:
¿Qué clase de justicia ignora todo lo que dos niñas y su madre han tenido que atravesar durante años para estar a salvo, mientras el magistrado violador sigue encontrando puertas abiertas dentro del mismo sistema?
Hace apenas unas semanas les conté sobre la disculpa pública que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció a las hijas de Mariel por no haberlas escuchado ni protegido cuando debió hacerlo https://share.google/ysZZX6OgenQzSlZSL Fue el reconocimiento de una falla institucional frente a dos niñas que acudieron al Estado buscando protección y encontraron omisiones, obstáculos y años de procesos.
Hoy estamos nuevamente frente a una contradicción difícil de explicar: mientras la Fiscalía continúa investigando a Manuel Horacio Cavazos López y ofrece disculpas a las adolescentes, él insiste en regresar al Poder Judicial de la Ciudad de México como magistrado.
El poder parece tener una resistencia extraordinaria frente a la palabra “no”. Porque entonces:
No importan los años transcurridos.
No importan las investigaciones.
No importan las pruebas.
No importa su dolor.
No importa su salud mental.
No importan sus derechos.
No importan los testimonios ni el desgaste de una familia entera, porque Manuel Horacio Cavazos López continúa litigando su ratificación para impartir justicia. Vaya chingadera.
Dentro de este largo litigio, el juez segundo de distrito en materia administrativa, Germán Cruz Silva, ha considerado que la evaluación para la ratificación debe centrarse en el desempeño profesional del exmagistrado, sin considerar lo que sus hijas denuncian que les hizo y les provocó, ni la posibilidad de que, como magistrado, intervenga en asuntos de violencia sexual.
¿Qué significa evaluar el “desempeño” de quien pretende impartir justicia?
¿Basta con revisar cuántas sentencias elaboró, si acudió a trabajar o si cumplió determinados indicadores?
¿Podemos separar completamente la idoneidad de un juzgador de señalamientos de esta gravedad?
¿En serio la justicia mexicana merece tener en sus filas a un magistrado violador? ¿Usted merece un magistrado investigado por violencia sexual infantil, siempre que haya cumplido con sus jornadas laborales?
¿Un juzgador cuestionado por hechos de esta naturaleza puede considerarse idóneo simplemente porque alcanzó determinado número de sentencias?
En serio, imaginen que mañana tuviera que resolver precisamente el expediente de una niña víctima de violencia sexual. Imaginen a esa niña frente a él y a su madre intentando convencerla de que confíe en la justicia.
No, pues los agresores estarán felices.
México vive una realidad devastadora para sus niñas: desapariciones y embarazos a causa de la violencia sexual, ejercida demasiadas veces dentro de los propios hogares por padres, padrastros, abuelos, tíos, primos y otras personas cercanas. Nos indignamos frente a las estadísticas, organizamos foros y pronunciamos discursos sobre el interés superior de la infancia. Pero cuando una niña señala a alguien con poder, aparecen las dudas, los tecnicismos, los procedimientos interminables y todas las razones posibles para no actuar.
Y todavía tienen el cinismo de pedirles a las víctimas que resistan, que vuelvan a declarar, que se sometan a valoraciones, que esperen resoluciones y que soporten amparos, recursos, audiencias y años con una vida judicializada.
¿O la disculpa pública es solo una fotografía, un mero acto protocolario?
Y sí, hay preguntas pendientes dentro del propio Poder Judicial de la Ciudad de México. La actuación de Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial capitalino, y del magistrado Lázaro Tenorio Godínez frente a este proceso merece escrutinio público, pues se la viven abogando por el violador, como si nadie se diera cuenta.
Entiendan: la seguridad y la dignidad de las niñas en este país no se negocian. Estamos tan acostumbrados a que alrededor del poder todo pueda pactarse que parece incomprensible encontrar a alguien que diga que no quiere un arreglo, sino justicia.
Durante años, Mariel Albarrán ha tenido que criar a sus hijas, acompañarlas a terapias, consultas y procedimientos y, además, sostener su hogar mientras se mueve entre fiscalías, juzgados, tribunales federales, instituciones de atención a víctimas y organismos de derechos humanos.
Y aquí la discusión no es si ella puede con todo, porque ha podido. Es el cinismo con el que las autoridades atropellan a las víctimas.
Del otro lado hay un hombre que durante años formó parte del propio aparato encargado de impartir justicia. Y esa diferencia de poder importa.
Porque quizá esa sea una de las apuestas más crueles de los procesos interminables: el cansancio. Que las víctimas se agoten, que se queden sin dinero, que abandonen los procedimientos, que dejen de hablar y que, eventualmente, la sociedad olvide.
Pero entonces, ¿qué mensaje estamos enviando a las niñas de este país si, después de denunciar, resistir durante años y conseguir que el propio Estado reconozca que no las escuchó ni las protegió, el sistema todavía puede abrirle nuevamente las puertas del poder al hombre al que ellas señalaron?
Así que, señores, ya dejen de darles la espalda a las niñas y no respalden tanta chingadera.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Comments ()