Cuando las leyes claman justicia
La legislación debe ser una herramienta de cambio, no un paliativo usado para apaciguar conciencias.
Por Soledad Durazo
En un mundo ideal, las leyes serían el reflejo de las necesidades más apremiantes de la sociedad y su implementación un fiel testimonio del compromiso gubernamental con la justicia y la equidad. Sin embargo, la realidad es frecuentemente más sombría, especialmente cuando se trata de legislaciones diseñadas para proteger a las mujeres. Las recientes aprobaciones -que podríamos llamar como avances- de normativas como la Ley Vicaria, la Ley Sabina y la Ley Malena, son claros avances en papel, pero su impacto real es aún cuestionable y ensombrecido por la apatía y la politización de sus aplicaciones.
La Ley Malena, nombrada en honor a María Elena Ríos Ortíz, una sobreviviente de un brutal ataque con ácido, tipifica las agresiones con agentes químicos como un tipo distinto de violencia, reconociendo el devastador impacto físico y psicológico que tienen sobre las víctimas. Mientras tanto, la Ley Vicaria busca proteger a los hijos de parejas separadas de ser utilizados como armas en venganzas personales, generalmente por parte de deudores alimentarios. Y la Ley Sabina se centra en sancionar severamente los ataques con ácido, una violencia que deja cicatrices indelebles no solo en la piel, sino en el alma de las sobrevivientes. Estas legislaciones son pasos hacia la justicia en una sociedad que aún arrastra los pies en la lucha contra la violencia de género.
Sin embargo, el desinterés y la falta de voluntad política han frenado la efectividad de algunas leyes. El Registro Nacional de Deudores Alimentarios, aprobado el año pasado, es un ejemplo palpable. A pesar de que la legislación establece claramente la creación de un registro público y accesible, la realidad es que a abril de 2024, este aún no se ha materializado. La promesa de transparencia queda en eso, una promesa, permitiendo que deudores y violentadores evadan la justicia y, en muchos casos, incluso aspiren a cargos públicos.
La reciente declaración de Bruno Taveira, suplente de Mario Riestra -candidato del PAN para la alcaldía de Puebla-, ilustra esta problemática. Al afirmar que la Ley Vicaria "es inconstitucional por discriminatoria, y quiero compartirles algo, la Cámara de Diputados desarrolló una norma inconstitucional por falta de conocimiento, por eso es muy importante saber elegir a nuestros diputados", revela una visión miope que ignora las estadísticas y testimonios de miles de mujeres y niños afectados por la violencia vicaria. Este tipo de retórica no solo es peligrosa, sino que subraya una desconexión alarmante con las realidades que enfrentan a diario las mujeres en México.
Además, no podemos pasar por alto el impacto de estas declaraciones en el marco de las próximas elecciones. ¿Cómo podría gobernar Riestra en Puebla de manera justa y equitativa cuando su campaña y sus aliados políticos muestran un rechazo tan flagrante a legislaciones fundamentales para la igualdad y la seguridad de las mujeres? Estas preguntas son cruciales a medida que nos acercamos a las elecciones del 2 de junio, en las que Riestra enfrentará a Pepe Chedraui de Morena.
La consejera electoral Carla Humphrey ha expresado preocupaciones significativas respecto a la efectividad de las legislaciones actuales en proteger a las mujeres de agresores que buscan cargos públicos. En una reveladora entrevista con El Sol de México, a mi compañera columnista de Opinión 51 Nurit Martínez, Humphrey detalló cómo la reforma constitucional conocida como la ley 3 de 3, publicada el 29 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, aún permite que deudores alimentarios, agresores sexuales o aquellos que han cometido violencia familiar puedan aparecer en las boletas electorales si las sentencias en su contra son anteriores a la entrada en vigor de la ley.
"No le estamos dando garantías a ninguna mujer de que sus violentadores no estarán impedidos de postularse a un cargo de elección popular", admitió Humphrey, subrayando un vacío legal que deja en vulnerabilidad a las víctimas. Además, criticó el enfoque adoptado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la verificación de antecedentes de los candidatos. Recordó que en 2021, cuando el INE verificó por primera vez la presencia de sentencias por violencia de género entre los candidatos, no se estableció un periodo específico para esta revisión, contraviniendo la norma actual que pretende ser retroactiva.
“Me parece ridículo que estemos revisando menos de un año (...). No encuentro de dónde establecen un asidero para revisar a partir de mayo (de 2023) nada más. Hablan de retroactividad, pero estamos hablando de los derechos de las mujeres, de que ya se constitucionalizó. Ya había avances, este Instituto la vez pasada que revisó, inclusive, ni siquiera le pusimos fecha”, señaló Humphrey. Esta crítica apunta a una descoordinación significativa entre la intención legislativa y la implementación práctica, dejando un terreno fértil para que los agresores evadan la justicia y continúen en la búsqueda de influencia política sin restricciones.
Es imperativo que estas leyes no solo se promulguen sino que se implementen de manera efectiva. Cada estado debe adaptar y aplicar estas normativas en sus reglamentos, instituciones y, lo más importante, en el discurso y la cultura. Las palabras tienen peso, y es hora de que las promesas legislativas se traduzcan en acciones concretas que reflejen un compromiso auténtico con la justicia y la igualdad.
No podemos permitir que la indiferencia política socave los avances logrados en la lucha contra la violencia de género. La legislación debe ser una herramienta de cambio, no un paliativo usado para apaciguar conciencias. El tiempo de tomar en serio estas leyes es ahora; no como un eco distante de justicia, sino como un clamor que resuena en cada rincón del país, exigiendo respeto, protección y equidad.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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