Respira
Por Adela Navarro Bello
Marina del Pilar Ávila Olmeda, la gobernadora de Baja California, ha dejado de tener actos verdaderamente públicos, abiertos a la ciudadanía. Su agenda institucional está cerrada, ni siquiera a los representantes de los medios de comunicación se convoca. Mucho menos acude con aquella estrategia política que utilizaba, de manera espontánea, a lugares donde la asistencia no esté controlada por su equipo.
La agenda pública de la gobernadora de Baja California es cerrada. En los actos que encabeza la asistencia está controlada, se trata de beneficiarios de programas sociales, de afines a su partido y por tanto a su gobierno, tal cual como aquella manifestación de Estado a su favor, que se organizó en Tijuana entre partido y gobierno para contrarrestar la carnita asada mexicalense, y donde todos los asistentes fueron controlados, acarreados, pagados o llevados obligados.
Cerrar la agenda, controlar la asistencia, es la manera que evidentemente su equipo ha encontrado para contrarrestar la animadversión pública que se despertó contra la mandataria estatal morenista, a raíz de que primero su esposo y luego ella, informaran en sus páginas de Facebook y por separado, que les habían revocado la visa para entrar a los Estados Unidos.
Los días siguientes se develaron nuevos aportes al contexto en que les fueron retiradas las visas a Carlos Torres Torres y a Marina Ávila, la gobernadora. Él, junto con su hermano, fueron mencionados en una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), como parte del entramado ilícito para importar combustibles a México, provenientes de los Estados Unidos, defraudando a la Hacienda Pública, a Petróleos Mexicanos, a través del huachicoleo, entre otros delitos señalados en la investigación. Además, en los Estados Unidos, confiarían agentes a ZETA, Carlos Torres también había sido mencionado en un caso de lavado de dinero y conspiración para la comisión de otros delitos.
En medio de las sospechas, la ausencia física del esposo de la gobernadora, y el hecho que ella tuviese que enfrentar tal crisis sola, también fue revelado en medios de comunicación, a partir de una imagen ciertamente compartida por Marina Ávila en sus redes sociales, la existencia de una casa que fue adjudicada a su propiedad, en la exclusiva zona de Rancho Santa Fe en San Diego, California, Estados Unidos.
Mientras los señalamientos sucedían, y el polémico empresario a cuyo nombre está la mansión, y que comparte propiedad con su jefa de finanzas, que resultó ser la esposa del exfiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio, la gobernadora se sostuvo de la versión del empresario Fernando Salgado, para justificar que efectivamente la casa no era suya, pero que sí la había visitado.
Pero entre la revocación de la visa, el hecho que el país vecino prácticamente los señalara de non gratos para entrar a su territorio, y les haya perdido la confianza para revocarles el documento emitido para ello, la mansión de casi 4 millones de dólares que presumió en redes sociales junto a sus padres e hija, la ausencia pública de su esposo y su cuñado, quienes por semanas pusieron tierra de por medio, a la otrora muy pública y presente en redes Gobernadora Marina Ávila, la alcanzó la animadversión social.
Cada publicación que ella o su esposo hacen en las redes sociales, se llena de comentarios negativos hacia sus personas, sus conductas o sus actitudes. Los equipos de redes sociales se encargan de borrar tales comentarios, pero son tantos que no alcanzan a “limpiar” las sentencias y dejar sólo las positivas.
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