Respira
Por Adela Navarro Bello
A pesar del intento de depuración del registro de desaparecidos durante el período presidencial de Andrés Manuel López Obrador, México supera los cien mil casos, con un incremento constante, particularmente en los últimos dos años.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, tras rebasarse la cifra de 100 mil desaparecidos en 2022, en 2023 hubo un incremento del 7.3% y para 2024 la cifra ascendió otro 6.3%.
El reporte del mismo Instituto señala que el 18% de los desaparecidos son niños y jóvenes de entre 1 y 19 años de edad. Esto, pese a la negativa a aceptar la altísima cifra por parte del Gobierno de México, el presente o el anterior, es un hecho visible en la manifestación y la información que cada día comparten organismos de la sociedad civil, colectivos de búsqueda de personas o familiares de víctimas.
Madres, padres, hermanas y hermanos buscadores han localizado a sus seres queridos en narcofosas, enterrados en parajes y patios. Ahora, tras el hallazgo del 6 de marzo en el llamado campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, se ha descubierto que muchos cuerpos fueron cremados y reducidos a restos óseos.
Cuando por su “métrica” política y su característico capricho presidencial, Andrés Manuel López Obrador eliminó desaparecidos del registro nacional, lo hizo argumentando que las estadísticas no estaban actualizadas, considerando las personas localizadas con vida. Cierta y desafortunadamente son las menos, sin embargo, se van sumando a la cifra los desaparecidos de cada año que se cuentan entre 13 mil y 15 mil.
El Cártel Jalisco Nueva Generación u otras organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, en su momento Los Zetas o el Cártel Arellano Félix (CAF), han empleado a lo largo de su siempre impune trayectoria criminal, métodos indistintos e insanos para deshacerse de sus enemigos, de los que consideran traidores a su causa delincuencial o de aquellos que, por afrentas personales o caprichos, desaparecen de la tierra.
En Baja California, en los tiempos en que la seguridad del Estado estaba coordinada por el Ejército Mexicano, con generales como Sergio Aponte Polito o Alfonso Duarte Múgica, fueron descubiertas no sólo fosas clandestinas en las cuales se ocultaban cuerpos masacrados; también crematorios clandestinos en Tijuana en zonas de dominancia criminal del CAF. Inolvidable y aberrante el caso de Santiago Meza López, alias El Pozolero, quien colaboraba de manera criminal con Teodoro García Simental, alias El Teo, tanto cuando éste fue parte de las filas de la organización criminal Arellano Félix como cuando se escindió y se refugió en el Cártel de Sinaloa.
A El Pozolero se le adjudica la horrífica hazaña de haber disuelto más de 300 cuerpos en ácido. Las víctimas, ejecutadas con violencia por afrentas con narcotraficantes, eran llevadas hasta él para su eliminación en grandes contenedores ex profeso, de ahí su macabro apodo. Toda su actividad criminal la llevaba a cabo en un predio conocido como La Gallera, en una zona ejidal de Tijuana.
Meza López realizó esa actividad durante por lo menos nueve años, de 2000 a 2009, hasta que fue detenido en un operativo militar que, de hecho, tenía por objetivo aprehender a El Teo cuando se encontraba realizando algún festejo en un lugar de veraneo en la costa tijuanense. El capo fue advertido de que iban por él y alcanzó a huir del sitio, dejando atrás a algunos cómplices, como El Pozolero, quien estaba ebrio al momento de su arresto.
El campo de exterminio del CJNG también tenía por lo menos diez años funcionando. Testigos de los terribles hechos que ahí sucedieron han confiado a buscadores de personas las condiciones en que llegaron al Rancho Izaguirre y los momentos de terror que vivieron. La gran mayoría eran jóvenes que atendieron convocatorias de ofertas de trabajo.
Confiados en la oportunidad de tener una actividad que les devengara un salario entre los 2 mil y 4 mil pesos, acudían a las citas sólo para ser privados de su libertad y llevados al rancho del CJNG, donde a la fuerza, a base de tortura física y psicológica, eran concentrados para adiestrarlos en la criminalidad y ser reclutados por el cártel. Golpes, privación de alimentos y de la libertad, obligados a matar y a ver morir, capacitados en el tiro con arma y otras suertes criminales de contención física, muchos perdieron la vida al negarse a ser parte del fenómeno del narcotráfico, y otros tantos por capricho.
En el rancho de Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores localizó por lo menos tres crematorios clandestinos, zonas de adiestramiento, construcciones hechizas para mantener privadas de la libertad a las personas y lotes de restos de huesos enterrados en cinco zonas del predio.
Tanto el Rancho Izaguirre en Jalisco como La Gallera en Tijuana fueron el destino final de miles de desaparecidos que aún son buscados por sus familiares y colectivos. Sus desapariciones han sido ignoradas por gobiernos insensibles y carentes de compromiso, como el de la presidenta Claudia Sheinbaum en el país, Marina Ávila Olmeda en Baja California o Pablo Lemus en Jalisco.
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