Respira
Por Adela Navarro Bello
Marina Ávila Olmeda, la gobernadora, como se ha confirmado en hechos recientes, ya no suele aparecer en actos públicos donde la audiencia no esté controlada por ella o por el partido Morena, al que representa.
Muy habituada a mostrarse en redes sociales en eventos de apariencia espontánea —en taquerías, calles, obras y algunas colonias— desde el 10 de mayo, cuando hizo público en redes sociales que su visa para entrar a Estados Unidos había sido revocada, como consecuencia indirecta del retiro del mismo documento a su esposo, Carlos Torres Torres, Marina Ávila dejó de ser la figura pública, cercana y popular que intentaba representar.
Marcada por la negativa de un país a permitirle el ingreso, y tratándose de un hecho inédito —la cancelación de visa a un gobernador en funciones, y más aún, a una gobernadora— la situación la sumió en un ostracismo político del que intenta salir poco a poco, sin demasiado éxito.
Su popularidad, que antes la colocaba en los primeros lugares, cayó hasta el fondo del ranking de los 32 mandatarios estatales, y sus actos “públicos” se transformaron en audiencias privadas o hechas a la medida. Como aquella supuesta “manifestación de apoyo” organizada por sus secretarios de Estado y por Morena, justo cuando en Tijuana se replicaba la tradicional carnita asada mexicalense, en lo que fue la mayor manifestación social contra un gobernante de Baja California desde la protesta contra Kiko Vega en 2017 por su intento de privatizar el agua.
Su estrategia política también dio un giro. Dejó de mostrarse con su esposo de manera pública, aunque en privado le sigue otorgando plena confianza. Tanto así que, en el Día del Padre de este pasado junio, sus palabras más elogiosas fueron para su propio padre, no para el de sus hijas.
Carlos Torres, por su parte, sabe que está siendo investigado por lavado de dinero y otros delitos en Estados Unidos, lo que provocó la revocación de su visa. Además, junto con su hermano Luis Torres Torres, figura en una carpeta de investigación en México por actividades vinculadas al huachicol y a la defraudación fiscal.
En varias ocasiones, y a propósito de la cancelación de su visa, la gobernadora ha intentado justificar la situación. Ha dicho que no necesita el documento migratorio —especialmente relevante en una entidad fronteriza como Baja California— para gobernar. Incluso ha lanzado frases populistas como “me gustan más los tacos que las hamburguesas”, y ha preguntado a su audiencia cautiva cuántos no tienen visa, como si eso la hiciera parte de una mayoría. Pero lo correcto sería preguntar cuántos han sido objeto de una revocación formal por parte del gobierno de Estados Unidos.
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