Respira
Por Adela Navarro Bello
Lo más sorprendente de la “red de contrabando” que sancionó el Departamento del Tesoro el jueves 18 de septiembre, y que evidenció un cónclave entre narcotraficantes del Cártel de Sinaloa, empresarios y políticos en Baja California, fue la rápida reacción del Gobierno de la República.
Impresionantemente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no exigió pruebas primero para emitir un posicionamiento, sino que fue la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la que emitió un comunicado para informar que, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), también realizaba un bloqueo administrativo a las personas señaladas por el Departamento del Tesoro, que incluye a siete personas físicas y 15 morales.
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