El cínico aparato oficial por la ratificación

Transcurría el primer lustro de la década de los noventa y en Baja California el delegado de Sepomex (Servicio Postal Mexicano), por entonces una delegación importante que permitía a su titular protagonizar en el ámbito político, era el priista Luis Arturo Valdez Otañez. Por entonces en menor medida y hoy con legislaciones claras al respecto sobre la prohibición de la participación política de funcionarios y gobernantes durante procesos electorales, Luis Arturo Valdez, apodado por cierto El Donas, llegó a un acto del PRI, por ahí de 1994, alzando un documento en su mano derecha y gritando para ser escuchado: “Aunque es fin de semana, aquí traigo mi carta donde me concedieron el día libre y sin goce de sueldo, para que no estén…”.

Fue la forma del priista para no verse exhibido porque, en horario laboral y pagado con recursos públicos, estuviese en un acto proselitista. ¿Fue cuestionable? Por lo menos, guardó la forma.

Hoy día lo que impera es el cinismo oficial. Sabedores que no deben, por ley, participar en la promoción de la consulta popular de revocación de mandato a celebrarse el domingo 10 de abril, funcionarios del gobierno de la República, integrantes del gabinete, legisladores de ambas cámaras, gobernadores, diputados locales y alcaldes, de Morena todos, participan activamente en promover la “ratificación” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El colmo, como harto criticaron en el pasado al priismo que tanto desdeñan, lo hacen con recursos públicos y en horarios laborales. ¿Un gobernador deja de ser gobernador el fin de semana? ¿El secretario de Gobernación deja de ser secretario de Gobernación el sábado? ¿Por qué se traslada en un avión de la Guardia Nacional el dirigente nacional de Morena?

La raíz de las respuestas está en el cinismo oficial que México vive hoy día con los gobiernos de Morena. Desde hace unas semanas, decenas de legisladores locales de Morena en las entidades federativas, funcionarios federales y legisladores nacionales solicitaron licencia a sus cargos precisamente para dedicarse de tiempo completo a la promoción del voto a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador en la revocación de mandato.

Pero muchos optaron por no hacerlo, no distanciarse oficialmente del cargo, pero sí hacer promoción a favor de López Obrador.

El ejemplo más claro y más preocupante de la utilización del aparato de gobierno para promocionar la consulta popular y votos para el presidente López Obrador fue el que protagonizó el sábado 2 de abril en Coahuila y en Hermosillo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien viajó a esas ciudades en un avión de la Guardia Nacional, matrícula XC-PFM, un Gulfstream G350, un gran avión ejecutivo de manufactura estadounidense con capacidad de por lo menos 12 personas.

El avión, en el catálogo de la policía, es propiedad de la Guardia Nacional y se supone que su uso debe ser el combate a la inseguridad, sea en operativos, traslado de fuerzas armadas, movimiento de equipo y, ciertamente, traslados de altos mandos. Para el caso que nos ocupa, aun cuando el protagonista de la gira de dos días fue el secretario de Gobernación, “le acompañaba” el general Luis Rodríguez Bucio, efectivamente, el titular de la Guardia Nacional.

En la página de YouTube, o en redes sociales, usted puede encontrar los videos donde el secretario de Gobernación participa en reuniones e incluso en un mitin para promocionar la participación en la consulta popular del 11 de abril. Esto se sabe no solo por el discurso del funcionario, sino también por la formación política de los asistentes, la constante presencia de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y las pegatinas y credenciales que algunos de los asistentes portan para… promover la participación en la revocación de mandato.

En Coahuila, con la presencia discreta del general Bucio y el efusivo aplauso de Mario Delgado, Adán Augusto López, enfundado en una guayabera, arenga a los presentes de manera festiva: “El 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila, dirá: no estás solo, Andrés Manuel López Obrador”, este último el lema de la campaña para la “ratificación presidencial” enarbolado por Morena.

Por la tarde, arriba de un templete en el que le acompañan funcionarios, políticos de Morena y el sonriente gobernador Alfonso Durazo, el secretario de Gobernación fue el protagonista del mitin. Micrófono en mano dijo: “No es eso que se llama revocación de mandato el 10 de abril, que de revocación no va a tener nada, es la revolución de las conciencias que inicia desde Sonora”.

Por supuesto, los funcionarios lo niegan todo. El secretario de Gobernación pregunta a cuál avión se refieren cuando los reporteros lo encaran, además de que él no participa en campañas. Y ante la evidencia de los múltiples videos y fotografías donde se ve a los funcionarios federales utilizando los recursos públicos, por lo menos el avión de la Guardia Nacional y lo que se les paga, para hacer promoción de la consulta popular de revocación de mandato, también el presidente de la República evade hasta llegar a la mentira cuando sugiere que Adán Augusto López “está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta”.

Con todo cinismo, casi les dicen a los mexicanos que si creerán más a sus ojos que ven los videos que a las palabras del presidente y los funcionarios.

La realidad, y es evidente, es que todo el aparato del Estado, los tres órdenes de gobierno que encabeza Morena, están promoviendo abierta e ilícitamente la participación en la consulta del 10 de abril. La urgencia es que el jefe del Ejecutivo no quede mal y, por lo menos, llegue a los 30 millones de votos con los que ganó en el 2018, aunque para que la consulta sea vinculante deberá participar el 40% del listado nominal del INE, es decir, unos 37 millones de mexicanos.

Por cierto, el INE ha solicitado a los funcionarios “que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales. Por una parte, la prohibición de difundir mensajes de apoyo al Ejecutivo federal y de promoción al proceso de revocación de mandato, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten emitir durante el desarrollo del proceso de revocación de mandato”. Mientras, el Tribunal Electoral definirá si en ello se utilizaron recursos públicos.

Total, más vale pedir perdón que permiso.

@adelanavarro

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