Por Ana Cecilia Pérez
Durante semanas, el debate sobre el registro de líneas celulares en México se ha resumido en una pregunta: ¿estamos a favor o en contra? Pero esa pregunta omite lo esencial: no se está discutiendo el costo y el riesgo de centralizar información sensible a gran escala.
El registro tiene un objetivo legítimo: reducir delitos cometidos con líneas anónimas —fraudes, extorsiones, suplantación de identidad—. Ese beneficio es real. El problema es que, en seguridad, la intención no basta: lo que importa es el diseño y la implementación.
SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA...