Respira
Por Ana Sarez
Reconocer derechos laborales en la economía digital no es solo cuestión de justicia sino de futuro: entender que la tecnología no funciona sin las personas que la sostienen, y decidir si avanzamos o seguimos remendando estructuras que ya no dan más.
El pasado mes de junio, entró en vigor la reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT), donde se reconoce por primera vez como trabajadores formales a quienes conducen o reparten a través de plataformas digitales como Uber o Didi, entre otros. Sin duda, este es un paso histórico, pero hasta hoy, lo que tenemos son más dudas que certezas.
Imagina que trabajas en una pizzería: tu jefa decide tus horarios, el uniforme y hasta cómo preparar la pizza. Ahora imagina que tú haces pizzas por tu cuenta para eventos: eliges ingredientes, tiempos y entregas. El primero es un trabajo subordinado y el segundo independiente.
En México, esta diferencia marca el acceso —o no— a derechos laborales. Y es ahí donde surge el primer desafío: nuestras leyes, escritas en y para otro siglo, intentan ajustarse a territorios para los que no fueron diseñadas.
La idea de una jornada laboral tradicional se contrapone al concepto de flexibilidad en los esquemas de plataformas digitales. Es solo un ejemplo del terreno nuevo e incierto al que nos enfrentamos y más aún cuando, los contraponemos con el marco legal actual en México.
La Ley Federal del Trabajo, con esta reforma, busca otorgar los mismos derechos —vacaciones, aguinaldo y libertad sindical— a quienes trabajan en plataformas digitales. Pero intenta hacerlo usando moldes antiguos para nuevas realidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la obligación del empleador de proporcionar herramientas de trabajo, cuando son los repartidores quienes ponen su vehículo?
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quizá consciente de lo inédito del terreno, lanza un primer acuerdo al que atinadamente denomina “prueba piloto” con las primeras reglas para incorporar al esquema de seguridad social a las personas que trabajan en estas plataformas y quienes cumplan con los requisitos establecidos. Pero ya surgen las primeras contradicciones: por ejemplo, un pensionado que trabaja en una plataforma no pierde su pensión, mientras que uno que regresa a una empresa formal sí.
¿Y qué hay de la carga fiscal?, mucho se ha dicho que estos cambios no implicarán mayor pago de impuestos para quienes prestan servicios usando plataformas digitales. Sin embargo, con la reforma laboral, surgen nuevas preguntas: ¿cómo se alineará la nueva figura con los regímenes ya existentes? ¿Pasarán a tributar como asalariados? ¿Habrá un nuevo régimen?
Hoy, el trabajo en plataformas involucra a aproximadamente 658,000 personas en México.
Este sector genera un valor estimado en dólares de $2,530 millones al año en el mercado de delivery, cifra que representa alrededor del 0.14 % del PIB nacional.
Lo que está en juego es más que una reforma: es la oportunidad de redefinir cómo entendemos el trabajo en la era digital. Porque, aunque se insista en que estos conductores tienen “libertad” para conectarse o desconectarse a voluntad, la realidad es que su labor genera la riqueza de estas plataformas. Y como bien señalaba Marx, el trabajo crea al capital, no al revés. Sin el elemento humano, no hay algoritmo que funcione.
La narrativa de la libertad laboral es seductora. Pero libertad sin derechos es solo una forma distinta de exclusión.
Y, al mismo tiempo, corremos el riesgo opuesto: caer en la tentación de politizar la reforma. Si los sindicatos la usan como bandera para ganar influencia, sin escuchar las necesidades de quienes conducen o reparten. Si el IMSS la ve como vía rápida para aumentar ingresos, sin resolver sus propias limitaciones de infraestructura y capacidad. O si el gobierno la presenta como un triunfo en la creación de empleos formales, sin que eso se traduzca en empleos dignos. Es decir, si permitimos que la reforma se convierta en un instrumento de poder y no de justicia, habremos desperdiciado una oportunidad histórica de crear nuevas leyes con visión de futuro para esta nueva realidad económica.
Estamos frente a un reto legislativo que no puede abordarse por pedazos. Hacerlo sin una visión integral solo profundizará la desigualdad. Esta prueba piloto es un primer paso, sí. Pero lo esencial es que se priorice a quienes hacen posible la tecnología con su tiempo y esfuerzo.
Regular el futuro exige más que solo mirar al pasado: requiere ponerse al día con el presente.
Como dijo Henry Ford: “el verdadero progreso es el que pone la tecnología al servicio del ser humano”.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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