Respira
Por Ariadna Camacho Contreras*
La participación democrática es un derecho fundamental que permite a las personas intervenir en los asuntos públicos y en las decisiones que repercuten en la sociedad y, por ende, en su vida cotidiana. Tiene un impacto transversal que va más allá de los procesos electorales, ya que influye en aspectos políticos, sociales, económicos, culturales y otros temas relevantes dentro de la vida pública de un Estado.
Es posible afirmar que, en la actualidad, todas las mexicanas y los mexicanos somos partícipes —en igualdad de condiciones— de la vida democrática del país. Sin embargo, esto no siempre fue así. Fue gracias al esfuerzo de millones de mujeres a lo largo de la historia que se han ido reduciendo las brechas de género que habían predominado. Ejemplo de esto fue que el 17 de octubre de 1953 se consagró en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres a través del voto.
En esta tesitura, las mujeres cumpliremos casi 80 años participando activamente en la vida política del país, involucrándonos en el debate público y en la construcción colectiva del rumbo de nuestras comunidades y de México. Por primera vez contamos con una Presidenta y con un gabinete paritario. En el Poder Legislativo tenemos la voz de 252 diputadas federales y 65 senadoras de la República.
En este contexto, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), más de 13 millones de ciudadanos participaron en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para elegir diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. En esta jornada, entre el 12.57 % y el 13.32 % de la Lista Nominal de Electores votó para elegir a las nuevas autoridades judiciales. Como hecho histórico, el máximo tribunal del país —la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, así como el novedoso Tribunal de Disciplina Judicial, estarán definidos por la paridad de género.
Si bien lo anterior representa un gran avance en la igualdad política entre hombres y mujeres en el país, lo cierto es que los esfuerzos no deben cesar. Por el contrario, la ciudadanía debe seguir involucrándose en el funcionamiento del renovado Poder Judicial y, por ende, en la transformación que vive México. Necesitamos escuchar las voces de las nuevas integrantes del Poder Judicial en torno al fomento de canales efectivos de participación, la promoción del diálogo y la coordinación con los sectores académico, social y empresarial. Todo ello con el firme propósito de consolidar en la judicatura —en todos sus niveles y manifestaciones— una auténtica perspectiva de género, sin olvidar a sectores históricamente excluidos como comunidades indígenas y LGBTTTIQA+, para construir así una justicia realmente incluyente, que tome en cuenta a todas, todos y todes.
SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA...
