Respira
Por Ariadna Camacho Contreras*
El Índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project, evalúa a 142 países a lo largo del mundo a través de las experiencias y percepciones del público en general y expertos en la materia, en torno a ocho factores claves: Límites al Poder Gubernamental; Ausencia de Corrupción; Gobierno Abierto; Derechos Fundamentales; Orden y Seguridad; Cumplimiento Regulatorio; así como Justicia Penal y Civil. El último informe muestra contundentemente que México se ubicó en la posición 118 de dicho Índice, lo que representó una caída en la escala por séptimo año consecutivo.
El Estado de Derecho, es un tema por demás complejo en el que intervienen diversos factores, pero indiscutiblemente el sistema de justicia juega un rol fundamental, pues será a través de este, que la ciudadanía pueda hacer valer de manera efectiva sus derechos, tanto en el ámbito privado como en el público.
En este sentido, es preciso señalar que según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el año 2023, los Órganos Jurisdiccionales a cargo del entonces Consejo de la Judicatura Federal, registraron 1,545,681 asuntos en todas las materias, resolviéndose cerca de 1,471,618 asuntos, mostrando así, un desempeño del 95.2% en relación a los asuntos recibidos y resueltos; sin embargo, durante el mismo periodo, a nivel nacional en los Poderes Judiciales Estatales, se reportaron 2,190,592 asuntos ingresados, y aquí se resolvieron únicamente 1,377,930, arrojando así una eficacia del 62.9% en relación con las mismas variables.
Lo anterior, resulta alarmante dado que son en primera instancia las autoridades locales, las que conocen de los asuntos en cuestión, llegando únicamente, en la mayoría de las ocasiones a las autoridades federales, en segunda instancia. Los datos son duros, pero muestran que, en la mayoría de las ocasiones, en los tribunales a lo largo del país, no se cumple con la máxima impartición de justicia expedita, pues la misma no es rápida, eficiente y sin obstáculos.
Ante estos datos, es inobjetable que nuestro país aún tiene un largo camino por recorrer en materia de impartición de justicia, a partir del uso eficiente de los recursos materiales y humanos, el combate frontal a la corrupción, la rendición de cuentas, pero sobre todo, con el firme propósito de acercar la justicia a la gente, ya que es necesario un sistema judicial sin tantas complejidades, que permita el acceso a todos los sectores de la población, con la base de funcionarios judiciales honestos y comprometidos con la gente.
Es por ello que, sea cual sea la perspectiva personal que se tenga de la reforma judicial de 2024, es innegable que la misma, partió de la premisa esencial de acercar el Poder Judicial a la ciudadanía exponiendo a sus integrantes, Órganos y funciones, abriendo áreas de oportunidad, en torno simplificar el sistema judicial, con el propósito de eliminar las barreras que impiden el acceso a la justicia al grueso de la población, pues jamás en la historia de México se puso en el centro del debate público, al Poder Judicial. Es así que, este primero de septiembre dio inicio una nueva etapa en la impartición de justicia en México, tomaron posesión las nuevas Ministras y Ministros, Magistradas y Magistrados, así como Juezas y Jueces que serán los encargados de materializar el anhelo colectivo de una justicia cercana, social, accesible, transparente, plural, eficiente y sin privilegios.
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