Por Ariadna Camacho Contreras*

Nuestra Constitución establece que los recursos deben administrarse conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los cuales orientan no solo la forma en que deben ejercerse los recursos públicos, sino también la obligación de contar con mecanismos institucionales que permitan verificar su cumplimiento.

En este sentido, la fiscalización asume un papel esencial en la gestión de los recursos públicos desde una perspectiva bidireccional, es decir, con un carácter correctivo y preventivo, a través de acciones como la instauración de procedimientos de responsabilidad administrativa, capacitaciones, guías de actuación, entre otras actividades.

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