¿Qué está pasando con la fiscalización de los recursos públicos?

Por Ariadna Camacho Contreras*

Nuestra Carta Magna establece que los recursos económicos deben administrarse conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los cuales orientan no sólo la forma en que deben ejercerse los recursos públicos, sino también la obligación de contar con mecanismos institucionales que permitan verificar su cumplimiento. 

En este contexto, el Estado destina recursos públicos a la operación de mecanismos de fiscalización, como auditorías y revisiones orientadas a verificar el adecuado ejercicio del gasto público y el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de las personas servidoras públicas. Estos mecanismos constituyen una expresión del deber institucional de asegurar que la gestión pública se ajuste al marco de legalidad.

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