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Por Bibiana Belsasso

¿Recuerdan a aquel titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Ricardo Rodríguez Vargas, a quien quitaron del cargo? Cuando llegó su sucesor, Jaime Cárdenas —quien solamente estuvo al frente 100 días— denunció todo tipo de actos de corrupción: desde manipulación de las subastas hasta cómo fueron desvalijadas las joyas que estaban en la bóveda de la institución y que habían sido incautadas por la autoridad.

Estamos hablando de que el INDEP es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, que administra, comercializa y destina los bienes asegurados y confiscados por la autoridad. Durante su gestión, Rodríguez Vargas dispuso de esos bienes a su conveniencia.

Durante esa gestión no se le regresó al pueblo lo robado, pero sí me demandó por publicar lo que sucedía en el INDEP.

La demanda fue por daño moral, por escribir una columna en el diario La Razón, donde documentaba varios de los hechos que el propio Jaime Cárdenas había denunciado, así como otros casos de abuso que me contaron trabajadoras de esa oficina.

El juicio duró más de cuatro años. En cada instancia fui ganando, hasta que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la última sesión de la Primera Sala, justo antes de la llegada de la nueva Corte, se desechó de manera unánime el amparo interpuesto por Rodríguez Vargas.

Sin duda, algunos funcionarios públicos han encontrado un camino para intentar que no se hable de ellos ni de sus corruptelas: demandar a los periodistas.

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