Respira
Por Brenda Lugo*
Crecí en una generación a la que le hicieron creer que acceder a una vivienda digna era casi imposible. Más que un derecho, como lo marca la Constitución, parecía un privilegio.
¡Sí, la vivienda es un derecho!
Pero una vez que se logra acceder, aparece el verdadero monstruo: un modelo inmobiliario convertido en negocio sin reglas, muchas veces ilegal y casi siempre impune.
En la Ciudad de México le llaman “el cártel inmobiliario”. En Querétaro no se usa ese nombre, pero la lógica es la misma: inmobiliarias que operan al margen de la ley, que incumplen contratos, ignoran normativas y anteponen la ganancia al derecho de las personas a tener un hogar.
Querétaro es la joya del crecimiento urbano. Las autoridades calculan que cada día llegan 120 personas a vivir aquí, muchas de ellas a la zona metropolitana. Ese dinamismo ha traído un auge inmobiliario sin precedentes: en el municipio de Querétaro existen más de 4,500 desarrollos inmobiliarios y solo en los últimos cinco años se autorizaron 400 nuevos. Es decir, ¡cada cuatro días nace un nuevo y bello desarrollo habitacional!
Uno pensaría que más oferta significa más acceso. Pero no. Las viviendas no se están construyendo para habitarse, sino para venderse. Y el mercado está lleno de inmobiliarias que operan al margen de la ley.
Hace dos años, intenté adquirir un departamento en la ciudad de Querétaro a través de un crédito Infonavit con la empresa Grupo de Desarrollo Patrimonio Inmobiliario S.A. de C.V. Todo parecía en orden: firmé un contrato de compraventa, pagué el enganche, califiqué el crédito y, ante los retrasos de la inmobiliaria para escriturar, me permitieron tomar posesión del inmueble. Llevé todas mis pertenencias y estaba a una firma de habitarlo.
Lo que no sabía es que, al mismo tiempo, la empresa estaba vendiendo ese mismo departamento a un mejor postor. De la inmobiliaria y de mis pertenencias no supe nada más. Acudí a la Profeco, que me dio la razón y multó a la empresa. También inicié un juicio mercantil. Dos años después, tras un largo proceso en juzgados locales y federales, un juez me dio la razón: la empresa debía venderme el mismo departamento y devolver mis pertenencias.
Hasta hoy, lo dictado por el juez no se ha cumplido.
Mientras se resolvía esta sentencia, el Gobierno de esa ciudad anunciaba operativos contra inmobiliarias irregulares, reconociendo el desorden en el desarrollo urbano. En tan solo 24 horas, fueron sancionadas las desarrolladoras Momentum, Desarrollo Cima Peñaflor, Dos Barrios Residencial, Solar y Aldares por distintas irregularidades. Una de ellas incluso fue clausurada. El mensaje fue claro: la ilegalidad es más común de lo que parece.
Por ejemplo, solo 68 desarrollos, de los 400 que se construyeron en los últimos 5 años, cumplen con toda la normativa. Es decir, sólo el 15%.
El otro 85% carga con irregularidades: incumplimiento de contratos, operación con licencias vencidas, obras en zonas no urbanizables, falta de dictámenes de entrega-recepción al municipio, o ausencia de garantías estructurales mínimas. Todo esto quedó expuesto en los registros de la Secretaría de Desarrollo Urbano que el gobierno municipal hizo públicos con las faltas administrativas acumuladas en cada desarrollo inmobiliario construido en Querétaro.
La inmobiliaria de mi caso, por ejemplo, sigue ofertando viviendas con la licencia de urbanización vencida, no cuenta con dictámenes oficiales de entrega-recepción y ha incumplido reiteradamente los tiempos y obligaciones marcados por la ley.
Así que sí, hay viviendas por todos lados, pero acceder a ellas parece ser el verdadero suplicio.
Lo dicho por las autoridades dejó ver que Querétaro tiene un problema de desarrolladoras fuera de control. Porque mientras estas sigan operando con más libertades que la ciudadanía, los fraudes, los abusos y la frustración seguirán multiplicándose. Y esa carga la llevamos nosotros: una generación a la que no solo se le niega el acceso a una vivienda digna, sino que, cuando la consigue, tiene que pelearla como si fuera un lujo… y defenderla como si no fuera un derecho.
*Soy queretana y egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Mis publicaciones se encuentran en diversos medios digitales locales y nacionales. Trabajo en adentrarme en el terreno pantanoso de la política, a veces desde el periodismo, otras veces desde sus profundidades. Hago análisis político y descifro el lenguaje del poder. Formo nuevas generaciones de periodistas en la Universidad Autónoma de Querétaro, devoro podcasts y nunca dejo de escribir.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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