Respira
Por Claudia Aguilar Barroso
En apenas nueve días, durante el periodo extraordinario de sesiones, el Congreso de la Unión aprobó (sin diagnósticos serios ni deliberación pública) un paquete legislativo que transforma radicalmente la relación entre el Estado y las personas. Se trata de un conjunto de reformas que amplía de forma inédita las facultades de vigilancia del poder público y que por ello ha sido bautizado, con razón, como la “ley espía”. Bajo el discurso de la eficiencia digital y la seguridad nacional, lo que en realidad se impuso fue una arquitectura legal de vigilancia masiva sin controles judiciales ni salvaguardas institucionales mínimas.
Las reformas abarcan cambios en al menos siete instrumentos normativos: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General de Población y la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, además de la creación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Todas ellas convergen en un mismo objetivo: centralizar, unificar e interconectar bases de datos públicos y privados, imponiendo la CURP biométrica obligatoria, autorizando la geolocalización en tiempo real, el acceso a datos financieros y fiscales sin orden judicial y permitiendo el bloqueo de comunicaciones o plataformas digitales por vía administrativa.
La piedra angular de esta arquitectura es la creación de sistemas interoperables de información: bases de datos alimentadas por registros fiscales, escolares, médicos, migratorios, financieros, patrimoniales y de telecomunicaciones, cruzados en tiempo real por órganos como la SEDENA, la Guardia Nacional o la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). La llave maestra de este modelo es la CURP biométrica: una versión reforzada de nuestra Clave Única de Registro de Población que, acompañada de huellas digitales y fotografía, será obligatoria para realizar cualquier trámite, desde una inscripción escolar hasta la contratación de un servicio telefónico. El cuerpo como contraseña, el rostro como llave de acceso a la vida cívica. Así, la “Llave MX” deja de ser una herramienta de simplificación para convertirse en un mecanismo de autenticación permanente y compulsiva.
En lugar de garantizar la seguridad de las personas, el Estado ha institucionalizado su vigilancia. Bajo esta lógica, toda persona es tratada como potencial sospechosa. La ATDT concentrará millones de datos personales, conectados mediante interoperabilidad sin consentimiento informado, sin transparencia y sin controles judiciales. La vigilancia deja de ser excepcional y proporcional para convertirse en estructural y desregulada.
A esto se suma el reforzamiento de las facultades de la Guardia Nacional para intervenir telecomunicaciones, operar con “usuarios simulados”, hacer uso de drones, cámaras y rastrear a cualquier persona mediante sus dispositivos móviles. También se autoriza el acceso en tiempo real a información bancaria, catastral y fiscal, sin necesidad de orden judicial y sin distinguir entre personas investigadas por delitos y el resto de la población. El resultado: todos, absolutamente todos, quedamos bajo el ojo que todo lo ve.
Además, la ATDT podrá ordenar el bloqueo de telecomunicaciones y plataformas digitales sin control judicial. Hoy puede parecer un mecanismo técnico; mañana puede ser el arma perfecta para inhibir protestas, suprimir información incómoda o castigar disidencias. Esta arquitectura de vigilancia no sólo amenaza la privacidad: impone una lógica de control donde el miedo se cuela en la vida cotidiana.
El efecto inhibidor (chilling effect, reconocido por la Corte Interamericana) ya es palpable. Periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos, integrantes de colectivos de búsqueda o simples ciudadanos críticos al gobierno saben que pueden ser monitoreados, grabados o perfilados sin saberlo. No se necesita prohibir expresamente una opinión: basta con que el entorno de vigilancia sea tan denso que las personas se autocensuren. ¿Qué libertad de expresión subsiste cuando el ejercicio de derechos se paga con la exposición total?
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