Respira
Por Claudia E. de Buen Unna
La discusión sobre la tan anunciada reforma electoral se encuentra en un punto crítico. Versiones van y vienen, pero al parecer, son cuatro los principales ejes sobre los que se analiza el proyecto: a) garantizar la democracia, b) la llamada austeridad republicana —hasta ahora más presente en el discurso que en los hechos—, c) la democracia participativa y, d) la composición de las cámaras.
Para garantizar la democracia se requiere un INE fortalecido y autónomo. Sin embargo, las visiones dentro del gobierno contrastan. Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, sostiene que órganos administrativos como el INE deben tener independencia en sus resoluciones, pero no autonomía política o legal, argumentando que esta implicaría la capacidad de legislar para sí mismos. En contraste, Claudia Sheinbaum ha afirmado que el Instituto mantendrá su autonomía funcional, aunque deberá operar bajo principios de austeridad y eficiencia. Esta falta de consenso inicial dentro del equipo encargado del diseño de la reforma, genera interrogantes sobre la cohesión y viabilidad del proyecto final.
La austeridad republicana ha sido una de las banderas más importantes de Morena, repetida de manera insistente por López Obrador, pero, en realidad, cada día resulta más evidente la distancia entre el discurso y la práctica. La iniciativa contempla cambios profundos en la estructura del sistema democrático actual, entre ellos la reducción de recursos a los partidos políticos, al INE y la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
Esta reforma busca limitar la capacidad de los partidos de oposición para fortalecerse, e incluso intenta obstaculizar a nuevos proyectos como Somos México, que tiene posibilidades reales de cumplir los requisitos para convertirse en partido político y por lo tanto representa un riesgo para el oficialismo. Es sabido que Morena cuenta con múltiples fuentes de financiamiento —muchas de ellas cuestionadas—, por lo que una reducción presupuestal no le afectaría de forma significativa, a los demás actores políticos sí.
La disminución de recursos al INE representa un riesgo grave, pues comprometería la capacidad de llevar el voto a las zonas más alejadas del país y reducirá las posibilidades de participación ciudadana efectiva.
La desaparición de los OPLEs sería un error de gran magnitud. El INE no se da abasto con sus funciones actuales y, si además se le asigna el trabajo de los 32 organismos locales que se proponen eliminar, aunado a un presupuesto menor, será imposible desempeñar sus funciones de manera eficiente y en beneficio de la ciudadanía. Adicionalmente, la intención de adelantar la revocación de mandato por parte de Claudia Sheinbaum, y llevarla a cabo junto con la elección de diecisiete gubernaturas, diputaciones federales y locales, ayuntamientos y la controvertida elección judicial, hacen evidente que el INE no tendría la capacidad operativa necesaria. La eficiencia y el cuidado de los procesos electorales quedarían comprometidos, pero sobre todo la confianza.
El tercer eje, presentado con entusiasmo por Morena, es la democracia participativa, es decir, otorgar a la ciudadanía mayor intervención en decisiones fundamentales mediante consultas populares, como la revocación de mandato, aunque con menos recursos. La historia reciente ha demostrado que estas consultas han funcionado más como mecanismos para convalidar decisiones del gobierno que como ejercicios genuinos de participación ciudadana. Sin los OPLEs, su organización sería prácticamente inviable y, en última instancia, una simulación.
Pero considero que uno de los elementos más controversiales dentro del debate sobre la reforma electoral es la composición de las cámaras, en particular los plurinominales, si deben reducirse o si deben establecerse nuevos criterios para su integración, evitando que las listas sigan beneficiando a los privilegiados de cada partido.
La Presidenta ha insistido en que muchos de quienes llegan a esos cargos no están “vinculados con la sociedad”, un argumento por demás subjetivo, que me recuerda el caso del llamado Cero votos, apodo de Arturo Ávila de Morena, quien ha ocupado varios cargos de elección popular sin haber recibido un solo voto directo. Lo cierto es que todos los partidos se han beneficiado.
Morena no ha logrado reunir suficientes legisladores para contar con mayoría calificada y para tenrla cometió diversos y graves delitos electorales a la vista de todos. Y los partidos políticos lo permitieron… ya fuera por la sorpresa, por desinterés o por comodidad. Cualquiera que haya sido la razón, el costo ha sido altísimo para ellos mismos, pero sobre todo para México y la democracia.
Morena no puede arriesgarse a perder la mayoría calificada necesaria para impulsar más reformas constitucionales. Sin embargo, tampoco lo tiene sencillo: los escándalos, las presuntas vinculaciones con el crimen organizado y los conflictos internos le restan respaldo electoral y lo obligan a depender de sus aliados.
Para que esta reforma constitucional avance, se requiere la aprobación de dos tercios de los legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado, además de la mayoría de los congresos estatales. La paradoja es clara: Morena necesita esa mayoría calificada para aprobar la reforma, pero no la obtendrá sin el apoyo del PT y el PVEM.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, parece haber alcanzado un acuerdo con ambos, pues declaró que no habrá reducción de plurinominales. En realidad no tenían alternativa viable, ya que cualquier intento por debilitar a la oposición habría debilitado también a los aliados.
La reforma electoral de 2026 se perfila como la etapa final del proceso de transformación impulsado por Morena. El debate no es únicamente presupuestal, sino filosófico: determinar si la eficiencia y la austeridad pueden coexistir en una estructura institucional que ha garantizado la alternancia democrática en las últimas décadas, de la que ellos se beneficiaron y pudieron ganar las dos presidencias, y muchos espacios más.
La clave está en si el texto final logrará el consenso necesario para modernizar el sistema sin desmantelar los contrapesos que sostienen la democracia mexicana actual, y si dejará satisfechos a los aliados, a los que, por ahora, está unido inexorablemente.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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