Por Diana Murrieta*
El caso de Elisa Celis es, sin duda, el más documentado de violencia vicaria en México y, probablemente, en toda América Latina. No solo por la cantidad de expedientes, resoluciones y peritajes que lo sustentan, sino por lo que revela: cómo el dinero, la influencia y la omisión institucional pueden aliarse para quitarle a una mujer lo más elemental —su derecho a maternar sin violencia— y a un niño, su derecho a vivir en paz con su madre.
Desde hace años, Elisa ha enfrentado una maquinaria de poder que combina lo peor del sistema judicial y lo más impune del privilegio masculino. Su agresor, Diego N —empresario y uno de los dueños de una importante tequilera—, ha utilizado cada recurso económico, político y social a su alcance para manipular la narrativa pública, desacreditarla y evadir las consecuencias legales de sus actos. Mientras tanto, su hijo, Patricio, ha sido víctima directa de la estrategia de control y castigo más cruel que existe: la violencia vicaria.
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