#DECRETAZO: En arca abierta hasta el justo peca

Edna Jaime*

Apenas concluyó la Serie Mundial. En la narración de los partidos de beis, el deporte favorito del presidente, los comentaristas deportivos suelen atizar las emociones cuando exclaman que esto “no se acaba hasta que se acaba”. La reiteración de una verdad. Como que las cosas se caen si uno las suelta por efecto de la ley de gravedad. Aunque estamos lejos todavía del noveno inning, el presidente nos está recordando todos los días que su poder no amaina y que esto “no acaba hasta que se acaba”. Esto es, que tendremos manifestaciones de poder de esta naturaleza hasta el último minuto de su gobierno. Sí, muy al estilo de López Portillo, que ya casi fuera de la Presidencia nacionalizó los bancos, con lo que provocó años de incertidumbre y desasosiego económico. El abuso del poder causa estragos.

El decreto que emitió y se publicó esta semana en el Diario Oficial de la Federación tiene el propósito de convertir proyectos que son de naturaleza completamente ordinaria –la construcción de un tren o de una refinería– en proyectos extraordinarios, que llevan la etiqueta de seguridad nacional. Ésta es demasiado importante como para que se juegue con ella. Cuando la seguridad nacional se encuentra en entredicho se puede disponer de mecanismos extraordinarios, como la suspensión en la aplicación de algunas leyes, para que una decisión se ejecute de manera expedita y así salvaguardar algo superior: la integridad del territorio, de las instituciones de Estado o de las personas mismas.

Como ven, la decisión del presidente de darles ese carácter tan extraordinario a corrientes proyectos de infraestructura, y que llevan atrasos (porque así es en México el emprendimiento de cualquier iniciativa), es por demás osada. Para decirlo con claridad, pocos presidentes se habían atrevido a tanto. Imaginen al presidente Calderón argumentar que la Estela de Luz (la suavicrema) tiene carácter de seguridad nacional, o a Peña Nieto sostener que la ejecución del proyecto del Tren Elevado a Toluca podía exentarse de la aplicación de la Ley de Obra Pública porque así se aceleraba su ejecución. No quiero hacer un argumento que parezca una apología de estos proyectos o los gobiernos que las promovieron, pero justamente por eso, por la simulación, irregularidades e impunidad que hubo en éstas y muchas otras obras es que millones de mexicanos ungieron a López Obrador como presidente. ¡Y nos sale con esto!

El decreto es muy grave, primero porque es inconstitucional, pero también porque nos muestra a un presidente incontinente. Él no puede controlarse a sí mismo, pero tampoco permite que los mecanismos externos de control operen.

La publicación del decreto, además, colocará a muchas autoridades frente al dilema de aplicar lo que dice la ley o el decreto. Da un plazo perentorio de cinco días para obtener permisos, autorizaciones o estudios de impacto que de suyo son complicados. Una afirmativa ficta ajustada a las circunstancias: si no respondes, asumo que tengo la autorización.

La verdad es que los proyectos de AMLO no tienen nada de extraordinario. Sus proyectos dilectos adolecen de los problemas que tuvieron obras emblemáticas en el pasado y todavía peor. No se anticipan, no se preparan bien, se improvisan y se yerra. El contexto tampoco ayuda: son muchos los trámites que deben resolverse y las burocracias son tardadas. La ruta que el presidente propone, sin embargo, puede ser contraproducente: sin las limitantes de la ley, sin guardianes del proceso, lo que queda es el abismo de la corrupción. A puerta cerrada, estos proyectos generarán infinidad de oportunidades de corrupción, las cuales, no lo duden, se van a aprovechar. Porque en arca abierta hasta el justo peca. Este es el verdadero riesgo para sus proyectos. El resto es la cantaleta nuestra de todos los días.

Desde México Evalúa hemos promovido propuestas para mejorar la gobernanza de la obra pública. Un componente esencial es la transparencia. Por eso instituimos un observatorio de grandes proyectos de infraestructura y trabajamos con gobiernos estatales para implantar plataformas de apertura de información de todo el ciclo de la obra pública. La decisión del presidente es anatema. Implica un retroceso de décadas.

El decreto será impugnado desde distintos frentes, porque este no es un país de súbditos, como el presidente imagina. Se puede interpelar esa decisión a través de una acción de inconstitucionalidad, de una controversia constitucional o de la figura de amparo por parte de quienes puedan probar interés legítimo.

Es muy importante que los contrapesos se activen para frenar la incontinencia del Presidente. Aunque no puedo hacer un pronóstico del desenlace, sí tengo claro que el presidente dobla la apuesta de su desafío, y así lo seguirá haciendo hasta el último minuto de la novena entrada.

*EDNA JAIME. Politóloga. Directora de México Evalúa

Twitter: @EdnaJaime