Respira
Por María Emilia Molina de la Puente*
El cinismo institucional ya no es un síntoma: es un método de gobierno. Y en un país donde la ley se vuelve opcional para el poder, las primeras en pagar el precio somos las mujeres.
Hay momentos en los que un país cambia sin que lo notemos del todo. No por un golpe, no por un estallido, no por un acto espectacular, sino por algo que empieza casi como un gesto: cuando el poder deja de fingir.
Ese punto -sutil, pero definitivo- marca el tránsito de una democracia erosionada a un régimen donde la ley se vuelve irrelevante para quienes gobiernan. No es el primer abuso, ni la primera violación a la Constitución. Es cuando el gobierno ya no se molesta en disimularlo. Cuando actúa sabiendo que puede violar derechos a plena luz del día sin enfrentar consecuencias.
Ese es el verdadero quiebre institucional. Y ese, lamentablemente, es el lugar al que estamos llegando.
El cinismo como nueva forma de poder
Las democracias no suelen colapsar de manera dramática. Mueren por desgaste, por capturas silenciosas, por el debilitamiento progresivo de contrapesos. Pero lo más peligroso ocurre cuando el poder ya no siente la necesidad de justificar nada.
“Sí, es ilegal. Sí, es inconstitucional. Sí, afecta derechos. ¿Y qué?”
Ese “¿y qué?” es el punto más grave de la erosión democrática. No es ignorancia; es dominio. Es el anuncio de que el poder se asume por encima de la ley.
La pedagogía de la violación de derechos
Cuando un gobierno actúa sin guardar las formas, no solo viola normas. Educa. Enseña a la sociedad que:
1. La ley es opcional.
2. Los derechos son flexibles.
3. La Constitución puede subordinarse a la voluntad del gobernante.
4. Las instituciones no tienen fuerza para decir “no”.
Y a fuerza de repetirse, la ilegalidad deja de escandalizar. Cuando eso ocurre, la batalla democrática ya está perdida en su plano más profundo: el cultural.
El cinismo institucional ante la violencia contra las mujeres
Pocas áreas exhiben tanto desprecio por la legalidad y por la vida como el trato que el Estado mexicano da a la violencia contra las mujeres. En un país donde matan a más de diez mujeres al día, el cinismo institucional no solo lastima: humilla.
Porque en México no solo se ignora a las víctimas: se premia a los agresores.
Ahí está el caso de legisladores y funcionarios públicos, respaldados políticamente pese a denuncias de violencia, corrupción, vínculos criminales y un historial público de conductas violentas contra mujeres. Un sistema que respalda a agresores -porque conviene electoralmente- manda un mensaje clarísimo: la violencia puede ser un activo político.
Igualmente grave es la práctica -monstruosa por donde se le vea- de usar la violencia de género como distractor político. Cada vez que el gobierno enfrenta crisis -de inseguridad, desapariciones, legitimidad, economía- surgen, oportunamente amplificadas, acusaciones o campañas “feministas” dirigidas contra adversarios específicos, no para proteger a las mujeres, sino para proteger al poder.Es el uso cínico del dolor como herramienta de propaganda.
Ese uso instrumental del dolor femenino es una forma avanzada de violencia institucional: no busca proteger, solo servir al poder.
Y está, también, el descrédito y la destrucción de vidas profesionales de mujeres en el servicio público.Las remociones, despidos y sanciones arbitrarias en poderes judiciales, órganos garantes como algunos ITAIs y áreas técnicas donde mujeres con décadas de carrera han sido expulsadas sin debido proceso, sin indemnización y sin reconocimiento a sus derechos, son otra forma de violencia institucional.
Se les borra su trayectoria. Se les niegan prestaciones. Se les reduce al silencio. Todo mientras el gobierno presume “paridad”.
Ese borrado -legal, laboral, simbólico- es violencia.Y su cinismo es absoluto.
La apropiación del discurso feminista: la violencia más sofisticada
Hay, sin embargo, una forma de violencia institucional aún más dolorosa: la protagonizan algunas mujeres que llegaron al poder gracias a décadas de luchas que no encabezaron, pero de las que hoy se presentan como herederas naturales.
Mujeres cuya presencia es fruto directo de generaciones que marcharon, litigaron, abrieron brecha y pagaron precios altísimos para que la paridad fuera realidad.
Y, paradójicamente, son muchas de esas mismas mujeres las que hoy eligen no ver a quienes están siendo desplazadas, perseguidas, precarizadas o borradas por el propio Estado.
Hablan de igualdad como si fuera título de propiedad.
Repiten la palabra “sororidad” como si bastara para absolverlas.
Se colocan a sí mismas como símbolo de los avances, mientras se desentienden de las mujeres reales -con nombres, trayectorias y heridas- que hoy necesitan su voz.
Ese uso oportunista del feminismo no solo vacía de contenido la lucha: se convierte en engrane activo de la misma maquinaria de violencia que dicen combatir.
El discurso que revictimiza
En este clima, las palabras del poder importan. Y cuando el poder minimiza tragedias -cuando sugiere, por ejemplo, que buena parte de las desapariciones son “voluntarias”- no solo evade responsabilidad: profundiza la herida.
La revictimización desde el micrófono oficial es una de las formas más corrosivas de violencia institucional: deslegitima el dolor, traiciona la obligación de proteger y reduce a las víctimas a sospechosas de su propia ausencia. Y envía un mensaje devastador para las madres -mujeres, casi siempre mujeres- que buscan con sus propias manos lo que el Estado les niega.
Desde la propia secretaría de Estado encargada de diseñar y ejecutar políticas públicas a favor de las mujeres, hay un silencio ensordecedor ante los feminicidios y la violencia de género, pero una estridencia inconcebible para confrontar empresarios que son “incómodos” para el régimen.
Ese contraste lo dice todo: la vida de las mujeres no es prioridad; la disputa política sí.
La desmoralización como estrategia
La erosión democrática no necesita policías secretas ni campos de concentración. Necesita algo mucho más simple: cansar a la ciudadanía hasta que deje de exigir.
Cada feminicidio impune, cada agresor protegido, cada servidora pública destruida, cada omisión de la secretaria, cada revictimización desde el púlpito presidencial, cada negación de indemnizaciones justas, cada silencio deliberado, aporta una pieza más al mismo rompecabezas: la desmoralización.
Y un pueblo desmoralizado es el material perfecto para un proyecto autoritario.
La indiferencia constitucional: el punto sin retorno
Un derecho humano violado es grave; los derechos y la Constitución ignorados es terminal.
Cuando el poder actúa como si la Constitución y los derechos humanos fueran sugerencia y no obligación, la democracia ya no está erosionada: está en retroceso operativo.
Lo estamos viendo: designaciones ilegales, desprecio por el debido proceso, reformas exprés, violaciones abiertas a estándares internacionales, ataques contra la independencia judicial, destrucción de carreras profesionales, negación de derechos laborales y de indemnizaciones reconocidas, uso político de la violencia contra las mujeres.
Nada más cercano al autoritarismo que un poder que deja de fingir.
Lo más devastador no es que el poder viole la ley.Lo verdaderamente devastador es que ya ni siquiera se moleste en negarlo.
Ese es el síntoma final de una democracia: cuando los atropellos constitucionales se exhiben con orgullo, cuando se respalda a violentadores porque son útiles, cuando se usa la violencia de género como distractor político, cuando se destruyen carreras públicas de mujeres sin reparación alguna, cuando desde el propio gobierno se sugiere que las desapariciones “son voluntarias”, cuando la secretaria encargada de proteger a las mujeres no protege a nadie… pero sí encuentra tiempo para pelear con un empresario.
El mensaje que manda el Estado es inequívoco:“Puedo hacerlo. Y voy a seguir haciéndolo.”
Pero hay un mensaje aún más inquietante: el que enviamos nosotros cuando guardamos silencio.
“Puedes hacerlo. Y nadie va a detenerte.”
Así mueren las democracias y así se normaliza la violencia:no entre balas, sino entre excusas; no por ataques frontales, sino por resignación colectiva; no cuando el poder cruza la línea, sino cuando la ciudadanía deja de defenderla.
Un país no se pierde cuando el gobierno deja de respetar la ley. Un país se pierde cuando la gente deja de exigirla. Cuando la indignación se convierte en cansancio. Cuando el horror deja de escandalizar.Cuando las mujeres entienden -a fuerza de golpes, silencios y burlas- que están solas.
Ese es el triunfo total del poder sin límites: hacer que dejemos de esperar justicia. Que dejemos de creer en la ley. Que dejemos de pelear.
Hoy estamos a un paso de ese punto. Un solo paso.
Si no frenamos ahora la desfachatez institucional, mañana no tendremos ni el lenguaje para nombrar lo que perdimos.
Lo que está en juego no es un gobierno. Tampoco una reforma. Es algo mucho más profundo:
La posibilidad misma de vivir en un país donde la vida -especialmente la vida de las mujeres- valga más que los cálculos del poder.
Si renunciamos a defender eso, entonces no es que el autoritarismo haya llegado: es que habremos renunciado a defender la última frontera entre la vida digna y el abandono institucional permitiendo que el Estado siga escribiendo nuestras historias con sangre y nos pida silencio, justo cuando más necesitan nuestra voz aquellas que ya no están aquí para alzar la suya.
*Magistrada en retiro.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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