Respira
Por María Emilia Molina de la Puente*
En México, el Día de las Madres suele llegar acompañado de flores, restaurantes llenos, festivales escolares y discursos oficiales sobre amor, entrega y familia. Pero detrás de las fotografías sonrientes y de las campañas comerciales, existe otra verdad: este país se sostiene, muchas veces, sobre los hombros agotados de millones de mujeres que cuidan, trabajan, sostienen, buscan, resisten y sobreviven.
Hablar del 10 de mayo en México exige reconocer todas las maternidades y también todas las ausencias. Las maternidades elegidas y las impuestas. Las felices y las atravesadas por el miedo. Las acompañadas y las profundamente solitarias. Porque en un país marcado por la desigualdad, la violencia y la precariedad institucional, ser madre suele implicar mucho más que criar: implica convertirse en red de apoyo, enfermera, psicóloga, maestra, cuidadora, proveedora económica, defensora jurídica y, demasiadas veces, buscadora.
México tiene uno de los sistemas de cuidados más injustos del continente. Durante décadas se asumió que las mujeres -y particularmente las madres- resolverían gratuitamente aquello que el Estado no garantiza. Cuidar personas enfermas, personas adultas mayores, niñas, niños, personas con discapacidad. Resolver la comida, las tareas escolares, la estabilidad emocional de las familias. Hacer compatible lo incompatible. Trabajar fuera de casa y luego llegar a sostener otra jornada completa dentro de ella.
La pandemia dejó eso total y brutalmente expuesto. Millones de mujeres abandonaron empleos, pausaron proyectos profesionales o cargaron con jornadas imposibles para sostener hogares enteros mientras el mundo se detenía. Y aunque la emergencia sanitaria terminó, muchas de esas consecuencias permanecen: brechas laborales más profundas, agotamiento físico y emocional acumulado y una normalización peligrosa de que las mujeres “pueden con todo”.
Pero no es que puedan con todo, es que no les han dejado otra opción.
El problema es que en México el cuidado sigue siendo visto como una obligación moral femenina y no como una responsabilidad colectiva y estatal. Y mientras eso no cambie, la desigualdad seguirá reproduciéndose dentro de las casas, en los centros de trabajo y en las políticas públicas.
Existe una dimensión adicional que hoy resulta imposible ignorar: la profunda desconexión entre el discurso público y la realidad que viven las madres en México.
Decir desde el poder que “ya no hay violencia” o que “llegamos todas” no es solamente una frase desafortunada; es, en sí misma, otra forma de violencia. Es borrar a quienes siguen desapareciendo. Es invisibilizar a quienes siguen siendo asesinadas. Es negar la precariedad cotidiana de millones de mujeres. Es construir un relato que excluye deliberadamente a quienes no caben en él.
Porque en México no hemos llegado todas.
No han llegado las madres que buscan a sus hijas en fosas clandestinas. No han llegado las que esperan justicia por un feminicidio. No han llegado las que hacen filas interminables para conseguir un medicamento que no está. No han llegado las que perdieron su empleo y no han podido recuperarlo. No han llegado las que envejecen en la pobreza después de haber sostenido familias enteras.
Negar esa realidad no la transforma. La agrava.
Y esa negación tiene consecuencias concretas: desactiva la urgencia, diluye responsabilidades y perpetúa las condiciones que generan violencia. Porque si el problema “ya no existe”, entonces no hay nada que corregir. Y esa lógica termina convirtiéndose en política pública o peor aún, en la ausencia de ella.
Ahí están, por ejemplo, las madres de niñas y niños con cáncer, que han tenido que salir a las calles a exigir tratamientos, medicamentos y atención médica oportuna. Madres que han aprendido términos médicos, que han organizado colectas, que han litigado, que han resistido no solo la enfermedad de sus hijos, sino la indiferencia institucional.
Ahí están también las madres enfermas, que enfrentan diagnósticos sin acompañamiento, sistemas de salud saturados, desabasto, citas postergadas y tratamientos incompletos. Mujeres que, aun enfermas, siguen cuidando a otros, porque el sistema tampoco contempla quién cuida a quien cuida.
Y ahí están las madres ancianas.
Mujeres que dedicaron su vida al cuidado de otros y que hoy envejecen sin políticas públicas suficientes que les garanticen bienestar, salud, autonomía y dignidad. Muchas viven en condiciones de abandono, dependencia económica o precariedad extrema. Otras sostienen, incluso en la vejez, a hijas, hijos y nietos. Porque en México, el cuidado no termina nunca.
Hay otra maternidad que duele todavía más nombrar: la de las madres buscadoras.
En un país atravesado por la crisis de desapariciones, miles de mujeres convirtieron el amor por sus hijos e hijas en una forma de resistencia política. Ante la ausencia o insuficiencia del Estado, ellas aprendieron a buscar fosas, revisar expedientes, exigir peritajes, organizar brigadas y recorrer territorios dominados por el miedo. Lo hicieron porque -nuevamente- no tuvieron alternativa. Porque cuando desaparece una persona en México, demasiadas veces también desaparecen las respuestas institucionales.
Las madres buscadoras han hecho el trabajo que el Estado no hizo. Y lo han hecho mientras enfrentan amenazas, revictimización, indiferencia y cansancio extremo. Algunas han sido asesinadas. Otras murieron sin encontrar a quienes buscaban. Muchas siguen saliendo cada mañana con una fotografía colgada al pecho y una esperanza que ningún gobierno ha logrado destruir del todo.
Ellas también son el rostro del mes de mayo.
En ese mismo mapa de violencias silenciosas, están también las pensionadas que han visto modificadas sus condiciones de retiro de manera retroactiva, bajo narrativas simplificadoras como las llamadas “pensiones doradas”. Detrás de ese discurso hay mujeres que trabajaron décadas, que cumplieron reglas claras, que planearon su vejez bajo un marco jurídico determinado, y que hoy enfrentan recortes, incertidumbre y desprotección.
No se trata de privilegios. Se trata de derechos adquiridos.
Y cuando el Estado desconoce esos derechos en la última etapa de la vida, no solo afecta el ingreso económico: rompe la certeza, vulnera la dignidad y agrede a quienes ya no tienen margen para recomponer su proyecto de vida. Muchas de esas mujeres son madres. Muchas sostuvieron familias enteras con ese trabajo hoy desdibujado por decisiones populistas que simplifican historias complejas en etiquetas fáciles.
A todo ello se suma otra realidad invisibilizada: la de las madres juzgadoras.
Mujeres que, durante años, rompieron techos de cristal en un sistema históricamente dominado por hombres. Que construyeron carreras a partir del mérito, la preparación, la disciplina y la constancia. Que conciliaron jornadas laborales extenuantes con la maternidad. Que tuvieron dobles y triples jornadas para llegar a donde llegaron.
Y que hoy han sido cesadas sin causa, en el contexto de una reforma que desmanteló estructuras sin siquiera garantizar transiciones justas.
Las que han concluido sus funciones, han quedado sin seguridad social, sin acceso a servicios médicos, sin ingreso económico y con impedimento constitucional para ejercer su profesión en sus lugares de residencia. A ellas se les han impuesto restricciones que las obligan a desplazarse -sin redes de apoyo, sin condiciones mínimas- o a abandonar temporalmente su ejercicio profesional.
Para una mujer, para una madre, eso no es un dato menor.
Es perder autonomía económica. Es poner en riesgo la estabilidad de sus hijas e hijos. Es enfrentar, en solitario, un nuevo comienzo en condiciones adversas. Es ver desconocido el mérito de toda una vida. Es constatar que romper el techo de cristal no garantiza que no te retiren el piso.
Y a ello se suma el incumplimiento de pagos previstos en disposiciones transitorias, lo que agrava aún más la incertidumbre y la vulnerabilidad en la que han quedado.
Todas esas historias tienen un hilo común: violencia estructural.
Una violencia que no siempre se nombra como tal, pero que atraviesa decisiones públicas, omisiones institucionales y discursos que invisibilizan. Violencia que se expresa en la precariedad, en la falta de servicios, en la negación de derechos, en la desprotección, en la desigualdad.
Violencia a todas, desde todos los ángulos.
Y aun así, pese a todo, millones de mujeres siguen sosteniendo al país todos los días.
Lo sostienen despertando antes que todos. Lo sostienen administrando carencias. Lo sostienen acompañando duelos. Lo sostienen educando en medio del miedo y de la incertidumbre. Lo sostienen cuidando incluso cuando nadie las cuida a ellas.
Tal vez por eso el Día de las Madres en México produce sentimientos encontrados. Hay amor, sí. Gratitud profunda también. Pero igualmente hay rabia, cansancio y una deuda histórica que no deja de crecer.
Porque detrás de cada madre celebrada hay, demasiadas veces, una mujer que tuvo que aprender a resistir sola.
Y quizá el verdadero homenaje no esté en repetir que “las madres son lo más valioso”, ni en construir relatos que niegan la realidad, sino en mirar de frente todas estas violencias y asumir, por fin, la responsabilidad colectiva de transformarlas.
Porque mientras el discurso diga que todo está bien, pero la vida de millones de madres diga lo contrario, el país seguirá descansando sobre una mentira.
Y sobre ellas.
Como siempre.
*María Emilia Molina es abogada mexicana, doctora en Derecho, magistrada de circuito en retiro, académica y activista por la independencia judicial y la igualdad de género.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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