Ahora sí viene un cambio de régimen

Por Georgina de la Fuente

Desde el sexenio anterior se ha aludido de manera indiscriminada a un cambio de régimen para referirse más bien a un cambio de gobierno o un cambio en la política pública. Si bien hay varios elementos que apuntan a una transición hacia un cambio de régimen, éste se estaría materializando finalmente en caso de aprobarse la reforma electoral como la anunció la presidenta Sheinbaum hace unas semanas.

Por varias décadas, la transición democrática en México se ocupó de establecer un entramado institucional orientado, principalmente, en dos sentidos. En primer lugar, se buscó desconcentrar el poder y establecer mecanismos para su control. De este modo, se fortaleció la autonomía de la Suprema Corte y se le otorgaron facultades de control constitucional para revisar los actos de los otros dos poderes. También se crearon organismos constitucionales autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los otrora Instituto Federal Electoral (IFE) e Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), entre otros. 

En segundo lugar, se establecieron las condiciones para la creación de un sistema de partidos políticos, que nos permitiera abandonar el sistema de partido hegemónico que predominó en la mayor parte del siglo XX. Así, se establecieron reglas claras para su formalización y su financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias y de campaña, lo que garantizaba su participación efectiva, tanto en los procesos electorales como en la representación nacional. 

Diversas reformas aprobadas recientemente apuntan al desmantelamiento de aquello que, si bien permanecía imperfecto, servía para acotar al poder, como se definió en el primer sentido de la transición. Se eliminaron de un plumazo diversos organismos autónomos encargados de garantizar derechos y tomar decisiones de política pública con criterios técnicos y apartados de los vaivenes políticos. También, se ha prohibido controvertir cualquier reforma constitucional, limitando la revisión de los actos del Legislativo, y se establecieron las bases para que no sean los méritos y la profesionalización los criterios que guíen la conformación del Poder Judicial. Como lo evidenció la “operación acordeón” del pasado 1 de junio, se aseguró que quienes tomen a las funciones de impartir justicia pasen forzosamente por la aduana del poder. Con estas y otras reformas, el camino trazado para la transición democrática cambió su trayectoria para orientarse hacia un régimen no democrático, por más que quieran vendernos lo contrario.

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