Por Georgina de la Fuente
Una y otra vez, el oficialismo justificó la reforma judicial asegurando que la corrupción en el Poder Judicial era insostenible. Nos dijeron que había demasiados privilegios sostenidos en nepotismo, opacidad e influencias indebidas. En distintos momentos, tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum se refirieron a posiciones dentro del Poder Judicial como “puestos de privilegio”, de los cuales —según ellos— un 50% eran ocupados por familiares.
Es verdad. Según el diagnóstico titulado “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”, elaborado en 2024 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en colaboración con el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el 49% de las personas servidoras públicas de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal tenían al menos un familiar trabajando en ese mismo poder en 2022. Esta proporción bajó a 37% para 2024, tras un esfuerzo institucional realizado para combatir conflictos de interés y nepotismo. De acuerdo con el Plan Integral de Combate al Nepotismo, firmado por Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN y del CJF, era necesario fortalecer un modelo de contratación meritocrático, asegurando que el ingreso, permanencia y ascenso del personal dependieran de la capacidad, la honorabilidad y la vocación de servicio.
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