El Plan B, o cómo concentrar poder en nombre de la austeridad

Por Georgina de la Fuente

Estamos ante un segundo Plan B de reforma electoral, tras diversos intentos fallidos por reformar el marco normativo que establece las reglas de la competencia por el poder, antes reformadas por consenso por todos los actores que participan en ella. El último intento fallido se le adjudica a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien buscó cambiar la forma de representación política, empeorar las condiciones de inequidad en las contiendas y debilitar a las autoridades electorales, entre otros aspectos. Su iniciativa no prosperó al no lograr reunir la mayoría calificada requerida para una reforma constitucional, evidenciando, de paso, las fisuras dentro de la propia coalición gobernante. Pero la intención no desapareció, sino que se transformó.

Su Plan B es, en muchos sentidos, la continuación del mismo proyecto por otras vías. No es un esfuerzo aislado, sino que forma parte de una agenda que ha sido promovida desde el sexenio anterior. La narrativa que lo acompaña es conocida y políticamente rentable: austeridad, simplificación y ahorro. El problema es que, cuando la propuesta se contrasta con la evidencia, esta narrativa se desmorona, pues, al igual que las propuestas que le antecedieron, no cuenta con un diagnóstico serio ni con un sustento técnico adecuado.

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