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Por Georgina de la Fuente

A menos de dos semanas de ser convocados nuevamente a las urnas, nos encontramos en un momento clave para reflexionar sobre la integridad de una elección de la que se sabe poco o nada. Las candidaturas y las autoridades electorales llevan poco más de un mes ejecutando sus campañas de promoción. Sin embargo, diferentes tipos de limitaciones permiten constatar que la falta de información se ha convertido en uno de los sellos principales de la elección judicial en curso. Pero ¿podemos considerar que una campaña es tal si no se puede transmitir o acceder a información? A partir de ello, ¿podemos considerar que una elección sin garantías para el acceso a la información es legítima?

Vale la pena examinar diversos aspectos del texto de la reforma como de decisiones reglamentarias de la autoridad electoral para dar luz a estas interrogantes. El Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional de gran calado en septiembre de 2024 que cambió fundamentalmente el rostro del Poder Judicial. Asimismo, estableció un proceso electoral sin precedentes, tan extenso y complejo que tuvo que separarse en dos momentos: 2025 y 2027. De este modo, se transgredió el estándar constitucional de que cualquier cambio en las normas debía aprobarse al menos 90 días antes del inicio de los procesos en septiembre del año previo a la elección y se ordenó al INE iniciar con la organización de un proceso inédito con menos tiempo y menos dinero. 

Pero nadie se molestó en brindar las garantías necesarias para que los diversos stakeholders- tanto candidaturas como ciudadanía- pudieran saber a lo que se estarían enfrentando en este proceso. Diversas mediciones disponibles realizadas en semanas recientes reflejan muy poco conocimiento sobre lo que hacen las personas juzgadoras y las competencias de los diversos tribunales. Asimismo, una medición de El Financiero realizada el pasado mes de abril reveló que el 58 por ciento de las personas estaban poco o nada enteradas de las próximas elecciones.

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