Respira
Por Georgina de la Fuente
La promesa de una reforma electoral acumula ya casi cuatro años. Desde la presentación de su “Plan A”, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de reducir los costos de la democracia en el país. Propuso la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, eliminar el financiamiento ordinario de partidos políticos y la desaparición de plurinominales, entre otras cosas. Pero la falta de respaldo suficiente para la aprobación de una reforma constitucional lo condujo a presentar su “Plan B” a los pocos meses, insistiendo en la necesidad de reducir costos y desterrar supuestos fraudes. Este nuevo intento se enfocó en la modificación reformas legales que solo requerían una mayoría simple para su aprobación en el Congreso.
Así, en un proceso legislativo por demás desaseado y partido en dos, se aprobó la reducción las estructuras administrativas y profesionales del INE, la posibilidad de que integrantes del servicio público realizaran actividades proselitistas, entre otras modificaciones. Tras ser objeto de numeras acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, los decretos fueron suspendidos y posteriormente invalidados en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones al proceso legislativo y afectaciones a los principios constitucionales en materia electoral, asegurando la permanencia de las reglas ya conocidas en la elección de 2024.
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