Por Heidi Storsberg*
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En México hemos normalizado una contradicción que ya parece parte del paisaje: las ciudades se inundan en temporada de lluvias, pero padecen sed todo el año. Millones de metros cúbicos de lluvia caen sobre nuestras calles, techos y parques, y aun así terminan en el drenaje, mientras los acuíferos siguen sobreexplotándose, las presas se agotan y los hogares viven con tandeos continuos. En medio de esta paradoja, empieza a tomar fuerza una idea tan desconectada de la realidad como de la ciencia: exigir autorización previa por parte de la autoridad para captar agua de lluvia cuando su uso no sea personal o doméstico. Pedir permiso para guardar la lluvia, eso es lo que contiene la iniciativa de Ley General del Agua y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales que actualmente está siendo revisada en la Cámara de Diputados. 

Para entender lo que esto implica, conviene recordar algo que muchas veces se confunde: en México el agua es un bien de la Nación sólo cuando ya está incorporada a ríos, lagos, corrientes, presas, acuíferos o cuerpos receptores. Lo establece el Artículo 27 Constitucional y lo desarrolla la Ley de Aguas Nacionales. Pero la lluvia que cae sobre un predio, un techo o un patio todavía no forma parte de esas aguas nacionales. Sí es parte del ciclo hidrológico —como toda el agua del planeta—, pero mientras está en tránsito, antes de escurrir o infiltrarse, todavía no ha ingresado al dominio público federal. Es agua que existe entre el cielo y la tierra, sin pertenecer todavía a nadie.

Por eso no tiene sentido jurídico ni científico tratar esa lluvia como si fuera extracción, como si captarla invadiera propiedad pública o afectara a terceros. En su caída y sobre todo en las ciudades, la lluvia no compite con nadie, no resta caudales, no altera corrientes, no se infiltra mayormente a los acuíferos. Captarla en ese instante —antes de perderla en los drenajes— no perjudica a ningún usuario, pero sí beneficia a todos.

De hecho, captar agua de lluvia tiene un efecto liberador: cada litro de lluvia captado es un litro de agua potable que dejamos de destinar a actividades que no requieren estándares de consumo humano. Riego de áreas verdes, limpieza, mantenimiento, enfriamiento, procesos industriales, recarga de suelos: todo esto puede hacerse con agua pluvial sin comprometer la salud pública. Usar agua potable para esas tareas es como regar un jardín con agua embotellada. La captación pluvial, no solo es eficiencia; es inteligencia hídrica.

A la par de esta lógica natural, el país está entrando en una nueva arquitectura regulatoria que vuelve aún más evidente la importancia de la captación de lluvia. A partir de enero, todas las entidades públicas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores deberán reportar obligatoriamente información ambiental, bajo las Normas de Información Sostenible (NIS A-1 y B-1), entre ellas 5 indicadores relacionados con el uso sostenible del agua. Eso implica revelar de forma precisa y verificable su consumo total de agua, sus reducciones, su reúso, su eficiencia y sus estrategias frente al estrés hídrico. Y no podrán hacerlo solas: necesitarán información trazable de toda su cadena de valor, desde los proveedores agrícolas hasta los industriales, logísticos y de servicios.

La trazabilidad hídrica sólo puede construirse si cada eslabón de la cadena puede demostrar prácticas sostenibles. La captación de agua de lluvia genera justamente eso: evidencia medible, datos auditables, métricas verificables que permiten mostrar responsabilidad real. Sin captación, las empresas difícilmente podrán documentar reducciones significativas en este rubro. Sin evidencia, no podrán cumplir cabalmente con las NIS y sin cumplimiento, perderán acceso a financiamientos sostenibles como bonos verdes o azules, y a mercados internacionales que ya exigen demostrar manejo responsable del agua, incluyendo la Unión Europea para productos agrícolas y manufacturados.

Lo que está en juego no es solo un tema administrativo, sino la competitividad del país entero. Exigir permisos previos para captar lluvia implica que muchas industrias seguirán dependiendo de agua potable para procesos que no lo requieren. Implica que proveedores pequeños —que no pueden navegar burocracias complejas— quedarán fuera de la trazabilidad, no sólo en temas hídricos como es el caso, sino en 30 indicadores básicos de sostenibilidad que sus clientes necesitan reportar, requiriendo estos posiblemente de otros proveedores que puedan facilitar dicha información. 

Implica también que las ciudades perderán soluciones de retención pluvial que ayudan a mitigar inundaciones. E implica, sobre todo, que seguiremos dejando ir un recurso que cae gratis del cielo, justo cuando más lo necesitamos.

Las sequías no siempre se miden en milímetros o en presas vacías; también existen sequías administrativas. Son esas que surgen cuando se imponen trámites innecesarios, cuando se confunde regulación con impedimento, cuando se sofoca la innovación bajo la sombra del papel sellado. La lluvia no provoca estas sequías; la burocracia sí.

Frente a todo esto, la alternativa es clara: integrar la captación pluvial para usos más allá del personal o doméstico, como una estrategia nacional de resiliencia y sostenibilidad. Aprovechar lo que el cielo ya ofrece para liberar agua potable, fortalecer cadenas productivas, permitir trazabilidad, reducir estrés hídrico y preparar a México para un futuro donde la competencia se decidirá también en función del uso inteligente del agua.

La lluvia no pide permiso. No entiende de sellos ni de autorizaciones, porque la gota que captamos libera otra para quienes la necesitan; porque la gota que se pierde no regresa. Porque ningún país que desperdicie lo que cae del cielo podrá decir que está preparado para lo que viene.

*Licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Tiene experiencia en cargos ejecutivos, toma de decisiones resolución de crisis, restructuración organizacional, así como el lanzamiento y operación de nuevas iniciativas. Desde 2013 dirige Ingeniería en Agua y Comunicaciones, empresa especializada agua, medioambiente, energía, así como en temas de ASG, apoyando a distintas entidades en definir estrategias para el uso eficiente, reúso, captación de agua de lluvia, residuos, responsabilidad social y gobernanza en el cumplimiento de las Normas de Información Sostenible (NIS). Es co-fundadora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, socia del Foro Internacional de Mujeres (IWF) Capítulo México y miembro del Consejo Consultivo del Agua.


Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.


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