La eliminación de fideicomisos en México y la tragedia del FONDEN
Tras la desaparición del FONDEN en 2021, la Secretaría del Bienestar gestionó en ese año 2.4 mmdp (49% del total de recursos) en el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural.
Por Aura Eréndira Martínez Oriol
En años recientes, México ha experimentado una reestructuración significativa en la forma en que se administran y distribuyen los fondos destinados a enfrentar desastres naturales. La eliminación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y otros fideicomisos ha planteado serias interrogantes sobre la eficiencia y eficacia de las nuevas estrategias adoptadas. Lo anterior resulta particularmente indignante, ante la ausencia total de un diagnóstico serio sobre el porqué de la eliminación de fideicomisos, solo presentando una retórica que genere polarización, sin respaldo en evidencia ni empatía por las personas afectadas.
La Desaparición de Fideicomisos: El Caso Emblemático del FONDEN
Desde su establecimiento, el FONDEN fue una herramienta innovadora y clave para la gestión de desastres en México. Entre 2013 y 2020, esta entidad gestionó erogaciones promedio de 1.4 mmdp para seguros catastróficos y 1.7 mmdp para atender necesidades inmediatas tras desastres naturales. Su eliminación ha llevado a una mayor centralización del gasto, potenciando el poder clientelar de la Secretaría del Bienestar. [1]
Aunque varios fideicomisos fueron eliminados, la desaparición del FONDEN ha sido de las más controversiales. Con su desaparición, se observa un intento de capitalizar políticamente los recursos, centralizando más el gasto en el Ejecutivo Federal y debilitando la reconstrucción en estados y municipios.
Consecuencias Directas en la Atención de Desastres
Tras la desaparición del FONDEN en 2021, la Secretaría del Bienestar gestionó en ese año 2.4 mmdp (49% del total de recursos) en el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural. Esta centralización tiene implicaciones directas: favorece transferencias directas de recursos con potencial rédito político/electoral y, al carecer de reglas claras de operación, aumenta el riesgo del uso discrecional de los recursos.
Además, el nuevo programa, a diferencia del FONDEN, otorga una mayor concentración discrecional que puede resultar en decisiones menos técnicas y más politizadas respecto a la asignación de recursos, lo que ha llevado a una reducción significativa de estos, los destinados a la reconstrucción y ha afectado principalmente a las entidades más pobres del país, como Veracruz, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
Necesidad de transparencia y rendición de cuentas
La eliminación de FONDEN y otros fideicomisos ha dejado un vacío significativo en la gestión de desastres en México, así como en otros rubros como la atención de víctimas, la potenciación de acciones para la mitigación del cambio climático, y la estabilidad financiera de nuestro país.
Si bien el objetivo de estos cambios puede haber sido la simplificación administrativa, la obtención de recursos adicionales, y la reconfiguración de potenciales instancias de corrupción, las consecuencias en la atención efectiva de desastres naturales, y otros rubros, así como la reconstrucción de áreas afectadas son duraderas y profundas. Es imperativo revisar y reevaluar estas decisiones para garantizar una respuesta adecuada y justa a las tragedias naturales.
¿Por dónde comenzar?
Por la honestidad y claridad que muchos de nuestros gobernantes pregonan. Hasta hoy, no existen condiciones de transparencia que nos permitan entender adecuadamente el porqué, cómo y para qué y para quién funciona o no la extinción de fideicomisos públicos.
Ya desde finales de 2020 un grupo de organizaciones [2] han llamado a estas condiciones mínimas de respeto a la legalidad y honestidad, incluso, presentando un diagnóstico y un decálogo de acciones mínimas [3], que incluyen la creación de un registro único de fideicomisos, la publicación de información oportuna en el portal de transparencia presupuestaria de la SHCP [4], la publicación de criterios claros para la creación y extinción de fideicomisos, considerando diagnósticos de política pública y derechos humanos de las personas beneficiarias, y el monitoreo social a través de la participación ciudadana.
Es claro que la discusión sobre los fideicomisos en este momento carece de lo que más se ha pregonado: honestidad, valentía, y voluntad para considerar a las personas que tradicionalmente han sido silenciadas, a quienes buscan polarizar con fines que denotan una vocación más que social, puramente electoral.
Fuentes:
[1] https://www.mexicoevalua.org/nuevo-fonden-una-herramienta-mas-para-afianzar-el-clientelismo-4t/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=lTeb7ybqbHM
[4] https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
Mra. Aura Eréndira Martínez Oriol es experta en finanzas públicas con más de 13 años de experiencia en la materia, ha liderado iniciativas premiadas internacionalmente desde la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de la Ciudad de México, y colaborado con organismos internacionales en más de 15 países. Le apasiona la transparencia, la economía de los cuidados y la justicia intergeneracional en el marco del cambio climático y la perspectiva de género.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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