Justicia para Jeysol Amaya
Las sobrevivientes de intentos de feminicidio tienen que sortear también a un sistema misógino que aún resiste en investigar los casos con perspectiva de género.
Por Gloria Piña
La participación de Layda Sansores como la primera gobernadora de Campeche no fue garantía para dar respeto, atención efectiva y dignidad a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género que esperan por justicia.
Tampoco lo fue el cambio histórico de gobierno que dejó al PRI fuera de la toma de decisiones de Campeche, después de que gobernó la entidad desde el año 1928.
La llegada del partido Morena al poder tampoco ha logrado que la justicia sea clara, expedita ni en protección de las víctimas.
Señor presidente: ahora que visita el estado de Campeche, para dar su quinto informe de gobierno voltee a ver a las mujeres que aún esperan y claman por justicia en casos de violencia feminicida.
Un ejemplo claro es la lucha de Jeysol Amaya, sobreviviente de intento de feminicidio y quien logró resistir en enero de 2015 un ataque de 37 puñaladas con las que su ex pareja, Rodrigo Paredes, intentó quitarle la vida.
Han pasado ocho años sin que la justicia, la reparación integral del año, la calma, ni la seguridad se asomen hacia la vida de la sobreviviente de feminicidio. Ella perdió su vida, salud, su forma de empleo y bienestar, mientras que su agresor ha sumado la protección e indolencia de gobiernos impunes.
A pesar de que desde 2018 se logró una sentencia condenatoria de 30 años de prisión contra Rodrigo Paredes por feminicidio en grado de tentativa, él está en libertad, prófugo de la justicia y con la protección de funcionarios del gobierno de Campeche. Cambió el gobierno del PRI a Morena, pero la injusticia permanece.
Esta sentencia fue la primera en Campeche por tentativa de feminicidio, se logró después de tres años de lucha en tribunales para que se acreditara que los 37 cuchillazos que Rodrigo le hizo al cuerpo de Jeysol tenían la intención de asesinarla.
Parece lógico, pero el machismo de jueces y ministerios públicos en Campeche negaba en reconocerlo como un intento de feminicidio, pues afirmaban que sólo eran lesiones que no ponían en riesgo su vida y tardaban en sanar menos de 15 días. Incluso algunos médicos de la Fiscalía intentaron afirmar que ella misma navajeó su espalda, su cuello, sus brazos y piernas hasta quedar inconsciente.
Al igual que Layda Sansores, Jeysol Amaya y las abogadas del Observatorio Ciudadano del Feminicidio que llevaron el caso también hicieron historia en Campeche.
Toda la lucha jurídica y la implementación de peritajes antropológicos con perspectiva de género en el juicio hizo que el caso se juzgara como feminicidio en grado de tentativa.
Campeche se convirtió en el primer estado en incluir este delito en sus leyes. Actualmente sólo cuatro estados en todo el país contemplan esa figura: Puebla, Nuevo León, y Durango.
Pese a ello las sobrevivientes de intentos de feminicidio tienen que sortear también a un sistema misógino que aún resiste en investigar los casos con perspectiva de género y reconocer cuando están en peligro.
En EMEEQUIS publicamos un reportaje en el que revelamos que de las mil 958 carpetas de investigación abiertas en tres años por tentativa de feminicidio en México, sólo se otorgaron medidas de protección a 13% de las víctimas, dejando al resto en el desamparo de ser agredidas.
A Jeysol Amaya con el cambio de gobierno en Campeche le retiraron las medidas de protección y con ello la poca garantía de que su agresor no vuelva a agredirla hasta cometer un feminicidio.
En ocho años de lucha tampoco ha podido acceder a una reparación integral del daño que cubra su estancia en el hospital, los estudios y cirugías que requiere para recuperar su salud.
La violencia contra su cuerpo la dejaron con lesiones y afectaciones graves. Perdió la movilidad temporal de las articulares, tiene problemas para caminar, aún mantiene daño en las cuerdas bucales y respiración anormal que no ha podido curarse.
El estado de Campeche está obligado, a través del amparo directo 11/86/2018, a proveerle una reparación de ocho millones de pesos por daño moral, proporcional a sus necesidades médicas, pago de abogados y lo que dejó de retribuir por el intento de feminicidio.
Sin embargo, hace tres semanas a través del amparo 250/2023 le notificaron que el monto había descendido a 200 mil pesos, una cantidad que ni siquiera alcanza para costear sus gastos de salud.
Este caso es una muestra de que ni con gobiernos priistas, ni con la llegada de Morena las mujeres están a salvo y la justicia está de su lado.
Señor presidente, mire a Campeche más allá de medir sus logros. Demuestre que su gobierno es el “más feminista de la historia” haciendo que las víctimas y sobrevivientes accedan a la justicia que el Estado les ha negado.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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