La urgente necesidad de actualizar los protocolos de feminicidio en México
Durante 2021 únicamente 27% de los homicidios intencionales de mujeres fueron investigados como feminicidios.
Por Itzel Jiménez Ríos
El 4 de mayo de 2023, Alicia Esmeralda Islas Montiel de 30 años fue vista por última vez cuando se dirigía a su trabajo en la capital de Puebla. Después de dos días de reportar su desaparición, en los que las redes sociales se inundaron de mensajes y consignas para dar con su paradero, el cuerpo de la joven fue hallado en el terreno baldío de un municipio a dos horas de distancia de donde desapareció.
Las primeras indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Puebla señalan que la pareja sentimental de Alicia, René N, la recogió del trabajo y posteriormente se dirigieron al domicilio de él en dónde la asfixió.
¿Homicidio o feminicidio?
En México, para que el homicidio de una mujer se investigue bajo la figura de feminicidio tiene que existir alguna razón de género, el caso de Alicia muestra una clara razón de género porque fue su pareja quien cometió el asesinato, y aunque no fuera así, al tratarse de la muerte violenta de una mujer, se debe investigar como feminicidio. En este sentido, las autoridades deben realizar un conjunto de diligencias tendientes a esclarecer las razones bajo las cuales se cometió el homicidio y si estas encajan o no con el tipo penal de feminicidio.
Recordemos que la Primera Sala de la SCJN resolvió en el Amparo en Revisión 554/2013, en el caso de Mariana Lima, que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, sin embargo, durante 2021 únicamente 27% de los homicidios intencionales de mujeres fueron investigados como feminicidios.
Esto basta para resaltar la relevancia de las diligencias a seguir en la investigación de feminicidios, que deben tener características especiales atendiendo siempre a la perspectiva de género. Éstas se encuentran reflejadas en los protocolos, los cuales son documentos fundamentales que establecen los pasos a seguir en la investigación de un feminicidio. Por lo tanto, su existencia y actualización resulta de suma importancia para garantizar una investigación adecuada. Lamentablemente, en el caso de México, existen diversas problemáticas dentro de estos protocolos.
Protocolos para la investigación de feminicidio en México
Los protocolos de investigación en casos de feminicidio buscan darles herramientas a las personas encargadas de esclarecer las razones de género que ocasionaron el asesinato, así como el abuso que vivió la víctima a lo largo de su vida, la incomunicación, violencia extrema o violencia sexual. A nivel nacional existe un Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio de la FGR, además la mayoría de los estados tienen su propio protocolo para este tipo de casos. Sin embargo, hay estados que todavía no cuentan con un protocolo y algunos que aunque los tienen, no están actualizados, lo que impide que sean herramientas útiles para esclarecer los hechos.
De acuerdo con el informe de Impunidad Cero Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022, sólo Jalisco y la Ciudad de México contemplan de forma explícita la obligación de crear protocolos para el delito de feminicidio en su ley orgánica; mientras que la ley orgánica de Coahuila, Hidalgo, Veracruz, Michoacán y Zacatecas, sí menciona la obligación de crear protocolos especifícos de investigación, aunque no señala sobre qué delitos.
Por otra parte, Aguascalientes y Michoacán cuentan con protocolos para investigar las muertes violentas de mujeres; Tlaxcala y Veracruz tienen protocolos para investigar delitos contra las mujeres entre los que se contempla el feminicidio. Mientras tanto, Baja California, Durango, Nuevo León y Tamaulipas no tienen ningún tipo de protocolo que enliste las diligencias bajo las cuales se debe investigar un feminicidio, estos últimos dos estados no tienen la obligación de crear ningún tipo de protocolo según la Ley Orgánica de sus Fiscalías.
Contar con protocolos desactualizados no sirve de nada
Respecto a protocolos desactualizados, los casos más graves son los de Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Baja California, todos ellos emitieron sus protocolos para la investigación de feminicidios entre 2011 y 2015 y no han vuelto a actualizarlos.
Esto es alarmante porque los tipos penales en estos estados han sufrido reformas, el feminicidio se modifica y las situación y contexto en el que viven las mujeres siempre va a estar en constante cambio.
Actualmente existen y se reconocen diferentes tipos de violencia, como la violencia vicaria o digital y estos cambios impactan en los casos de mujeres asesinadas. Tener entonces un protocolo publicado en 2011 que no ha sido adaptado para dar respuesta a las situaciones que actualmente se viven, resulta inútil.
La creación de estos protocolos ha sido el resultado de la exigencia por parte de la sociedad civil y familiares de las víctimas de violencia feminicida para impulsar que se investiguen todas las posibilidades que pudieron haber causado el homicidio de una mujer, contar con reglas claras para ello aumenta la posibilidad de esclarecer los hechos y encontrar al verdadero culpable.
Casos como el de Mariana Lima y Karla Pontigo, nos han demostrado que no siempre se percibe la razón de género en el momento de la muerte o posterior a ella, por lo tanto es relevante analizar los factores sociales y antropológicos que envuelven estos delitos y para ello se crean protocolos de investigación.
Las primeras indagatorias en el caso de Alma Esmeralda han llevado a considerar a su expareja como principal sospechoso, pero también es cierto que hay un cúmulo de factores a considerar, como por ejemplo si vivió violencia durante su relación, si la violencia venía de otros lados que no involucraron a su expareja, su círculo social, familiar, entre otros.
Los protocolos van a ser esa guía que ayude a las autoridades a investigar, para que el caso de Alicia, como el de muchas otras mujeres, no quede impune.
*Itzel Jiménez Ríos es asistente de Investigación en Impunidad Cero. Es Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. En 2018 fue delegada de US-MEX Focus y del Women Ambassadors Forum. Cuenta con estudios en periodismo de investigación e incidencia política en temas de género. Ha colaborado en organizaciones de derechos humanos como el Servicio Jesuita a Refugiados y Programa Casa a Refugiados donde contribuyó con la defensa de derechos humanos de la población migrante. Se desempeñó como investigadora de la organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad. En 2022 recibió el segundo lugar en el concurso Nacional de Periodismo de Investigación organizado por el INAI con el ensayo titulado “Pandemia de Opacidad en el gobierno de Puebla” y ha publicado diversos estudios sobre corrupción, transparencia e impunidad.
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